Los agentes de Estupefacientes que declararon ayer en cuarta jornada del juicio contra los ocho integrantes de la "banda de Piuki" o de "los surferos", indicaron que sus sospechas apuntaban a que los acusados estaban traficando con cocaína en grandes cantidades (de las anotaciones halladas al "cerebro" del grupo se desprende que habrían obtenido unos cinco millones de euros , y que los traficantes recibieron una entrega de unos cinco kilos de esta sustancia, adquiridos en Barcelona, aunque finalmente no fueron encontrados en los registros realizados en marzo de 2012).

Los investigadores fueron testigos de un intercambio en el aparcamiento del Centro Comercial Azabache de Lugones, y aunque siguieron a uno de los implicados, que había recogido el paquete, hasta la localidad langreana de Lada, no pudieron establecer con seguridad que el contenido fuese la cocaína que la Policía andaba buscando. Las defensas -a cargo de Luis Tuero, Ana G. Boto, Ricardo Álvarez-Buylla y José Manuel Fernández González, entre otros- sostienen que no hay prueba alguna de que en ese encuentro se intercambiase droga.

Ayer se reveló que la grabación de este intercambio no fue realizada por la Policía, sino por los servicios de seguridad del centro comercial. Las defensas creen que esta circunstancia podría dar lugar a la nulidad de la prueba. También persiguen invalidar el registro realizado en el garaje de la madre del "cerebro" de la banda, en el que se encontró el grueso de los 37 kilos de drogas de diseño y más de 33 de hachís incautados por la Policía.

Los agentes señalaron en la vista de ayer que el inicio de las investigaciones fue en agosto de 2011 -aunque previamente se había producido algún seguimiento-, cuando los agentes comenzaron a vigilar un bar de copas de la calle Azcárraga de Oviedo. De los seguimientos, obtuvieron el convencimiento de que en aquel local se trapicheaba con droga. Los policías relataron cómo "personas conocidas" del mundillo de la droga realizaban visitas breves al establecimiento, cómo el propietario del mismo D. C. M., les entregaba pequeños paquetes y cómo incluso acudía a su cercana vivienda para bajar a los compradores lo que los agentes sospechan que era droga.

Los participantes en la investigación indicaron la organización había llegado a cierto grado de sofisticación, hasta el punto de que los miembros de los escalones inferiores tenían un sueldo de unos 2.000 euros. Que la banda sabía perfectamente lo que había en juego lo demuestra, según los policías, el hecho de que disponía de diversos teléfonos móviles de seguridad, todos sin agenda, para comunicarse entre sí.