Cáritas y Cruz Roja Española salieron ayer abiertamente en defensa del salario social básico, y coincidieron en señalar que gracias a estas ayudas miles de familias en Asturias no han llegado a situaciones extremas, como sí ha ocurrido en otras comunidades autónomas. Eso sí, también indicaron que es necesaria su revisión para adaptarla a las necesidades reales, que por efecto de la recesión económica son distintas a las que había cuando se implantó en 2006.

Ambas organizaciones coinciden con la tesis defendida en los últimos días por la Consejera de Servicios y Derechos Sociales, Pilar Varela, frente a las críticas vertidas desde el PP y la patronal FADE.

Celia Fernández, presidenta de Cruz Roja de Asturias, aseguró que el salario social "cumple una función imprescindible, y sobre todo en estos últimos años, cuando la crisis ha golpeado con dureza a miles de familias y se ha conseguido evitar que entraran en la pobreza absoluta". También indicó que los Servicios Sociales "están desbordados y es imposible hacer un acompañamiento de los beneficiarios y sus familias por el elevado volumen. Han sido miles las personas que se han incorporado a este sistema en los últimos años y el personal dedicado a su atención no ha crecido en la misma proporción". Pero admite la presidenta de Cruz Roja de Asturias que sí sería necesario revisar la ley, sobre todo en lo que tiene que ver con las renovaciones. "No es que la gente rechace un empleo porque no quiera trabajar, sino que el trabajo que hay ahora es precario y temporal y una revisión se prolonga demasiado en el tiempo. Sería necesario que fuera casi automática".

Cáritas, por su parte, defendió el salario social porque "la pobreza se intensifica y se cronifica" y es necesario un "sistema de garantía de mínimos, complementado con un acompañamiento a las personas real y efectivos en procesos de inserción". De esta manera se evita que sean meros receptores de una ayuda pública. Para ello es necesario "el fortalecimiento de los servicios sociales públicos", asegura la entidad. También reclamó una "evaluación seria" de las estrategias del Plan de Inclusión Social, y que el gasto social se vea como una inversión que corrige la desigualdad y que debe evitar la transmisión intergeneracional de la pobreza.