Los funcionarios de la Agencia Tributaria a los que les tocó el análisis de las cuentas durante la investigación del caso Marea confirmaron ayer en el juicio el descontrol contable y la sospecha cierta de maniobras de emisión de facturas que no se correspondían a servicios o ventas reales, dobles contabilidades y ventas que no se declaraban. La empresa Igrafo estuvo durante tres horas en boca de fiscal, peritos y abogados defensores. Y un concepto de gastos que ayer fue repetido numerosas veces: "Atenciones o liberalidades".
Las liberalidades de Igrafo con algunos de los encausados van mucho más allá del regalo de cortesía. "Son gastos absolutamente desconectados de la razón social de esta empresa", afirmó uno de los funcionarios de Hacienda, que corroboró la importancia y el peso dentro de Igrafo del acusado Víctor Manuel Muñiz. La casi totalidad de las facturas en ese capítulo peculiar de "atenciones y liberalidades" se contabilizaban en el capítulo de compras e incluyen la correspondiente autorización de gasto, casi todas firmadas por el propio Muñiz, para quien la fiscal pide nueve años por delitos de cohecho y falsificación.
El caso Marea suma y sigue. Igrafo estuvo ayer en el punto de mira, lo mismo que la acusada María Jesús Otero y su ya famosa vivienda en Poo de Llanes, en cuyo interior se realizaron obras en el año 2008 cuyas facturas fueron desgranadas por los técnicos de la Agencia Tributaria en Asturias. Cuatro facturas pagadas por Igrafo, dijeron, con un gasto de unos cien mil euros, y otras once por trabajos en el piso de un pariente de Otero en Zaragoza, que llamaron la atención de los inspectores de Hacienda.
El piso del pariente maño
La abogada de la exdirectora general de Planificación Educativa y número 2 de la Consejería de Educación en tiempos de José Luis Iglesias Riopedre, contraatacó desde dos flancos. El primero acusando a los técnicos de "largar facturas que están sin comprobar", en referencia a los gastos del piso de Zaragoza. Según la letrada defensora de María Jesús Otero, ésta "emitió en su momento un cheque de 48.000 euros para pagar esas obras". Los funcionarios reconocieron que "nosotros no comprobamos las cuentas bancarias de María Jesús Otero".
El segundo argumento de la letrada sonó a efecto ventilador. No todos los movimientos económicos con nombre beneficiario de Otero o MJO o cualquier otra fórmula identificativa debían tener por obligación destino en los bolsillos de la exdirectora general. "¿Y si ese destino era para alguien de la Consejería o de su departamento en Educación?", planteó la letrada Ana Muñiz. Los inspectores recordaron que ellos siempre hablaron de "relación directa o indirecta", con lo que al menos sintacticamente todo el mundo se cura en salud.
El pago de los viajes de recreo son, a juicio de los técnicos de Hacienda, "el mejor ejemplo" de esos gastos de atención o liberalidad "que siempre nos parecieron absolutamente excepcionales" y, por si fuera poco, no deducibles fiscalmente. Entre las atenciones más llamativas salieron ayer de nuevo a relucir los 24.000 pagados por obras en un chalé de Marta Renedo y su marido, en Luarca o los casi 5.700 euros por dos viajes que disfrutó el exconsejero Riopedre. Uno a Barcelona, a una convención sobre temas educativos, matizó su abogado defensor. Otro a Tenerife. En las islas no había congreso sobre educación.
Los inspectores mencionaron las numerosas partidas localizadas en la contabilidad de Igrafo con destino a dos empresas de Marta Renedo. Una, legal pero sin actividad. La otra, Oxiplans, "no tenía ni NIF. Una empresa ficticia".
