Santolaya de Cabranes,

Mariola MENÉNDEZ

El Ayuntamiento de Cabranes pondrá en marcha a principios de año una ordenanza municipal que obligará a los vecinos del concejo a mantener limpias aquellas sebes de sus fincas que linden con carreteras y caminos públicos. El alcalde, Alejandro Vega, señala que esta medida «da respueta a una preocupación cada vez mayor porque ya no existe el aprovechamiento tradicional de las fincas y hay un progresivo abandono de las sebes, que afecta a caminos y carreteras». El regidor achaca esta dejadez al envejecimiento progresivo de la población (Cabranes es uno de los concejos de Asturias con más ancianos) y al abandono del campo.

Vega también destaca que es una ordenanza «novedosa» que se da en pocos municipios, uno de ellos Pravia, que la ha aprobado también recientemente. Sin duda, es una medida pionera en la Comarca de la Sidra que pretende promover la limpieza de las zonas de usos comunes y la existencia de un mecanismo legal que obligue a los propietarios a su adecuación.

La ordenanza obliga a los dueños de los terrenos colindantes, en el plazo concedido en los bandos municipales, a podar y cortar las ramas de forma que se facilite el paso libre, cómodo y seguro por las vías públicas. De no ser así, serán requeridos para su cumplimiento y, de no llevarse a cabo, el Ayuntamiento tendrá la potestad de proceder a su ejecución forzosa subsidiaria, que deberá ser sufragada por los dueños.

Además, esta normativa considera a los propietarios, llevadores o poseedores de fincas responsables de las consecuencias que se deriven de la existencia de ramas u obstáculos que impidan o dificulten la visión o el tránsito normal por los caminos, pistas o carreteras municipales y que puedan causar accidentes.

El Ayuntamiento aprobaba inicialmente en el Pleno del 9 de noviembre esta ordenanza reguladora de la limpieza de sebes de fincas colindantes con las vías municipales. Después de que ayer se publicase en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) se inicia un período de información pública de 30 días. Durante este tiempo, los interesados pueden acceder al expediente y presentar reclamaciones y sugerencias.