Mieres del Camino, P. C.
La Confederación Hidrográfica del Cantábrico ya ha incoado 61 expedientes sancionadores a las empresas que ejecutan las obras de la variante ferroviaria de Pajares. En la mayor parte de los casos se trata de sanciones por vertidos irregulares a los ríos de Lena, unos episodios que dispararon las críticas de las organizaciones ecologistas, de los vecinos de la zona y hasta del Ayuntamiento de Lena, que en más de una ocasión ha tenido que interrumpir la captación de agua para consumo humano en el río Huerna.
El organismo estatal que gestiona las cuencas fluviales exigió a las empresas que realizan las obras de los siete tramos de la Variante la instalación de sistemas de depuración para evitar vertidos. Estas medidas preventivas se decretaron para las actividades que pudieran generar aguas residuales de forma continua (como la perforación y excavación de los túneles) y también discontinua a causa de las lluvias (en el caso de los vertederos de tierras o de los parques de maquinaria. Así, por ejemplo, según la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, las constructoras tuvieron que instalar un total de diez estaciones de aguas residuales y cuatro balsas de decantación, que supusieron una inversión de 6,7 millones de euros.
A pesar de las medidas preventivas, desde que arrancaron las obras de la Variante en 2007 se han producido decenas de vertidos al río Lena y sus afluentes, principalmente al Huerna y al Naredo. Según señala el Gobierno central en una respuesta escrita a una pregunta de la diputada del PP María del Carmen Rodríguez Maniega, desde que comenzaron los trabajos de la Variante la Confederación ya ha incoado 61 expedientes sancionadores generados por las obras.
Desde el Gobierno se afirma que «la Confederación Hidrográfica del Norte ha comprobado que las diferentes empresas han construido y puesto en funcionamiento las diferentes instalaciones de depuración exigidas, y también ha comprobado su correcto funcionamiento, sin perjuicio de que se hayan producido determinados problemas en su rendimiento por desajustes o incidencias varias, en cuyo caso se han incoado el correspondiente expediente sancionador». Además se destaca que las constructoras también realizan otras actividades complementarias de las principales (como es el caso de la apertura de pistas provisionales, limpieza de viales, tranco de maquinaria?) que en determinadas ocasiones de lluvias intensas pueden originar arrastres de sólidos a los ríos.
«La concentración de las empresas trabajando a la vez en un tramo de río tan corto (17 kilómetros) y con una escasa superficie de cuenca ha llevado a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico a dedicar medios humanos extraordinarios para su control desde el comienzo de las obras», señala el Gobierno en su respuesta parlamentaria, en la que se enumera el personal destinado al control: un ingeniero de caminos funcionario, coordinador de la Administración en la tramitación de expedientes de vertido y expedientes sancionadores; un técnico superior de una contrata (Tragsatec) de apoyo al anterior; un administrativo; un guarda fluvial con dedicación plena a las obras de la Variante, y dos técnicos de campo de Tragsatec dedicados íntegramente al control de los vertidos generados por las obras del trazado ferroviario de Alta Velocidad en Lena.
El río Naredo se tiñó de gris en marzo de 2009. El agua parecía cemento, como muestra la imagen, y los vecinos y hasta el Ayuntamiento de Lena apuntaron a las obras de la Variante como culpables. Tenían razón. La Confederación abrió una investigación que derivó en un expediente sancionador contra las constructoras. Desde el Gobierno central se apunta que existe una autorización de vertido al Naredo en el que se detallan las instalaciones de depuración. «Habitualmente las instalaciones funcionan de forma adecuada. Sin embargo, el 28 de marzo de 2009 se produjeron unas lluvias intensas, lo que motivó un derrabe de tierras y lodos al Naredo».
