La tendencia a eludir la alta presión de impuestos como los de sucesiones o patrimonio se habría acelerado últimamente, apunta la FADE, mediante procedimientos como el siguiente: la donación en vida de bienes a los hijos aprovechando la casi nula fiscalidad que aplica Madrid. Es viable hacerlo conforme a la ley si el padre invierte en propiedades inmobiliarias en la capital de España y a continuación las dona a su vástago. O, tratándose de acciones u otros bienes, cabe la donación sin apenas coste si el donatario (el hijo) lleva cinco años residiendo en Madrid, algo frecuente si estudia o trabaja allí.

El impacto. FADE cree que la asimetría fiscal sigue estimulando la "fuga" de patrimonios elevados y que ello tiene reflejo en la actividad económica y, por esa vía, también en los ingresos tributarios del Estado y del Principado. Para Alberto González, que la recaudación del impuesto de sociedades en Asturias siga cayendo (-12,8% en 2015, según datos hasta noviembre) y que sea un tercio de la que había hace cuatro años (91 millones, frente a los 266 de 2011) no se explica sólo por el descenso de los beneficios derivado de la crisis, sino por una pérdida de tejido empresarial que, según esa misma opinión, tiene causas fiscales entre otras posibles. El impacto llegaría además a los ingresos por IVA, IRPF e impuestos especiales, afectando por tanto a los tributos que constituyen la base de la financiación autonómica, los que sostienen la sanidad y la educación públicas.

La reforma. "La raíz del problema está en el marco regulatorio actual, que ha generado las asimetrías. Asturias no puede cambiarlo por sí sola, pero sí ponerse de acuerdo con otras comunidades y promover una reforma del sistema, un pacto de Estado que requeriría cambios de calado incluso constitucional", expone el director general de la FADE.

La patronal habla de armonizar impuestos, de revisar la capacidad normativa de las regiones y el principio de corresponsabilidad fiscal, consustancial a la España de las autonomías. Sobre el papel, significa que los aumentos de gasto que decide una comunidad, por ejemplo para tener mejores servicios o infraestructuras que el resto, deben ser sufragados con aumentos de impuestos dentro de esa comunidad. En la práctica, se ha utilizado más para bajar tributos en algunas regiones y abrir paso a la España de la competencia fiscal.