La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, y la vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, acordaron ayer poner en marcha medidas urgentes contra los desahucios que se plasmarán en un real decreto ley o en un proyecto de ley que las Cortes tramitarán por el procedimiento de urgencia. Los cambios se centrarán en las familias con niños y ancianos a su cargo.
La reunión entre las dos dirigentes políticas para abordar la problemática de los desahucios tendrá continuidad el próximo lunes con la constitución de un grupo de seis expertos, tres por parte del Gobierno y otros tres por parte socialista, que diseñarán los detalles técnicos de la propuesta normativa.
La número dos del PSOE y la Vicepresidenta serán las encargadas de seguir los trabajos de los expertos. El objetivo declarado es articular medidas «preventivas y paliativas» que presten una atención preferente a las familias en situación más vulnerable, como las que tengan niños y mayores a su cargo, y a las que estén en situación de especial vulnerabilidad.
El Gobierno indicó, además, que el propósito es que las medidas para mitigar los desahucios se alcancen con el máximo consenso y la mayor efectividad posibles.
Por la mañana, el líder de IU, Cayo Lara, tras reunirse con el presidente en la Moncloa, Mariano Rajoy, pedía que las iniciativas que el Gobierno adopte incluyan a todas las fuerzas políticas y plataformas sociales. «No se entendería», dijo, que el Gobierno intente resolver «por la puerta de atrás» un problema con un partido (el PSOE), que es responsable de 300.000 desahucios y que rechazó sistemáticamente las iniciativas que IU propuso en la anterior legislatura para frenarlos.
La reforma de la normativa de desahucios sumó ayer más apoyos. Desde Barcelona, los jueces decanos de España instaron a modificar la ley hipotecaria, algo que en su opinión constituye un «clamor» social. A pesar de que el lunes, el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Fernando de Rosa, defendió cambiar esa norma en el mismo foro, los jueces criticaron a la institución por no querer aprobar hace dos semanas un informe que elaboraron siete magistrados con medidas para hacer frente a los desahucios. Además dijeron que no quieren ser meros colaboradores del cobrador del frac.
El Sindicato de Secretarios Judiciales, una de las organizaciones que representan a este cuerpo de funcionarios, expresaron su preocupación por la «dramática e injusta» situación generada por el aumento de los lanzamientos (conocidos como desahucios) de viviendas a causa de ejecuciones hipotecarias. La crisis económica y la persistencia del desempleo están detrás de este incremento de los desahucios.
Según el CGPJ, en el segundo trimestre de este año los desahucios solicitados ascendieron a 18.886, mientras que los órganos judiciales acordaron la práctica directa de 29.275 desahucios. Entre 2006 y 2011 se presentaron en España 396.943 ejecuciones hipotecarias, una cifra equivalente al 10% de las hipotecas formalizadas a favor del comprador de vivienda en el mismo período, informa la agencia «Efe».
El Gobierno se ha dirigido a las patronales de los bancos y las cajas, la AEB y la CECA, para solicitar datos precisos sobre los desahucios. Por último, el Banco de España va a enviar información detallada tanto al Gobierno como al Parlamento para conocer en detalle qué tipo de ejecuciones hipotecarias se están llevando a cabo, y de ellas, cuáles corresponden a viviendas o a locales de negocios.
