E. M.

La acusada de haber secuestrado a sus dos hijos durante meses para evitar que vieran a su padre, en posesión de la patria potestad, no podrá entrar en Asturias ante el riesgo de que vuelva a incurrir en un delito de sustracción de menores. Victoria Eugenia Álvarez, con domicilio en Ribadeo y en libertad condicional desde que fue detenida a principios de mayo, también tiene prohibido ponerse en contacto con los menores por ningún medio, en virtud de una medida cautelar dictada por el Juzgado de instrucción número 4 de Gijón, que además comunicó ayer a sus padres y a sus tres hermanos su imputación como colaboradores necesarios para cometer el delito. Ninguno de los cinco podrá tampoco visitar la región hasta nuevo aviso.

Los familiares de la acusada se acogieron ayer a su derecho a no declarar ante el juez encargado de llevar el caso, que hace meses conmocionó a la ciudad. Los cinco allegados a Victoria Eugenia Álvarez tenían que ofrecer su versión de los hechos a primera hora de la mañana de ayer en los Juzgados de Poniente, pero decidieron evitar dar explicaciones y, por lo tanto, la sesión se limitó a la lectura pública de sus imputaciones. Ninguno de ellos podrá entrar por el momento en la comunidad autónoma ni mantener contacto alguno con los dos pequeños, un niño y una niña, que desde hace varios días residen con su padre, Vicente Lastra, en el domicilio familiar de Gijón donde vivían antes del presunto secuestro.

La Guardia Civil detuvo hace unas semanas a Victoria Eugenia Álvarez en una casa de Ribadeo, propiedad del alcalde de la localidad lucense, donde vivía junto a sus dos hijos, que estaban sin escolarizar y a los que impedía ver a su padre, a pesar de que un juez le había concedido a él la patria potestad tras los reiterados incumplimientos del régimen de visitas establecido a raíz del divorcio de la pareja. Además, tiempo atrás, la acusada había intentado alejar a los menores de Vicente Lastra acusándolo de haber abusado de la niña. Denuncia que fue desestimada por la Audiencia Provincial de Asturias al entender de que no existía ninguna prueba que pudiera inculpar al varón.

Transcurrido un tiempo, Lastra, asesorado por la abogada Gemma González Calvo, se decidió a denunciar a su esposa por sustracción de menores y un juez le dio la razón. A pesar de ello, las fuerzas de seguridad del Estado no daban con el paradero de Álvarez, lo que empujó al afectado a ponerse en contacto con varios medios de comunicación, entre ellos este diario, que dieron a conocer el caso. Tras su aparición en una cadena televisiva de ámbito nacional, la Guardia Civil consiguió descubrir el lugar donde vivía la huida, muy próximo a su domicilio familiar. La letrada de Lastra tenía pensado preguntar ayer acerca de la propiedad del domicilio, pertenencia del alcalde de Ribadeo, pero finalmente fue imposible ante la negativa a declarar de los cinco imputados.

Según cree el juez, los padres y los hermanos de la mujer la mantenían económicamente y eran conocedores de la situación de los pequeños. Además, sobre ellos pesa también una denuncia por haber ocupado y dañado propiedades que Lastra tiene en Ribadeo. A partir de ahora, el proceso judicial continuará con más investigaciones. Actualmente, las víctimas del delito viven con su padre en Gijón y están escolarizados en un centro de la ciudad, después de haber pasado por un calvario y a la espera de conocer finalmente una resolución que aclare definitivamente su situación.