R. VALLE
El Ayuntamiento de Gijón acaba de completar el proceso de compra de un nuevo «multamóvil» para la Policía Local. Un vehículo en propiedad que sustituirá al que, hasta ahora, realizaba las mismas labores de control de tráfico y aparcamiento pero en régimen de alquiler. Ese «multamóvil» tiene mucho que ver con la capacidad recaudatoria que tiene un Ayuntamiento como el gijonés a través de las multas y sanciones a sus ciudadanos por el incumplimiento de la normativa municipal. Y con especial incidencia en el ámbito del tráfico. De hecho, las multas por infracciones de la ordenanza de circulación reportan el 80% de los ingresos presupuestados para este año en el capítulo de multas del presupuesto municipal, que alcanza los 197,4 millones de euros.
A ese epígrafe genérico de multas se vinculan 5.620.000 euros del estado de ingresos del presupuesto municipal de 2012 aprobado en el Pleno con los votos favorables de los concejales de Foro Asturias Ciudadanos (FAC) como equipo del gobierno y el Partido Popular desde la oposición pero en calidad de socio presupuestario. De esa cifra total, 4.536.000 euros se espera recaudarlos por sanciones de tráfico. Muy inferior es la cuantía expresada en otros puntos del mismo epígrafe, a saber: el equipo económico de gobierno local de la ciudad ha calculado ingresar este año 51.000 euros por infracciones urbanísticas, 100.000 euros por infracciones tributarias y análogas, 18.000 euros por sanciones de consumo, 35.000 euros por sanciones en materia de protección del medio ambiente y 880.000 euros en sanciones por infracciones a leyes y ordenanzas.
En este capítulo se podría incluir el malestar que día a día se viene reiterando desde el sector hostelero de la ciudad a cuenta de las inspecciones municipales en favor del cumplimiento de la ordenanza que regula la ubicación de terrazas hosteleras en la vía pública. Directivos de la Asociación de Hostelería de Gijón denunciaban recientemente la sensación de muchos de sus socios de ser víctimas de controles con mayor afán recaudatorio que informativo. El equipo de gobierno municipal, como recordaba en su momento su portavoz, Rafael Felgueroso, había entendido a principios de este año la necesidad de hacer inspecciones generalizadas de esos equipamientos.
Sólo el primer mes, y en áreas periféricas -ya que la zona centro se dejó para una segunda oleada-, se clausuraron 47 terrazas por falta de licencia. A esa decisión se sumaron otras multas por incumplimientos de la ordenanza vigente. Los hosteleros han aprovechado el cambio de gobierno en el Ayuntamiento para reivindicar una modificación de la actual ordenanza. Piden ampliar horarios, rebajar tasas y, además, menguar las sanciones, que van de los 500 a las 3.000 euros según la gravedad de la infracción. El nuevo borrador está en el aire. Igual que el texto de la ordenanza de protección de la convivencia ciudadana y prevención de actitudes antisociales, más conocida como ordenanza del «botellón», que en su borrador inicial también planteaba multas económicas de entre 100 y 3.000 euros.
Al margen de esas incorporaciones, el dinero presupuestado como ingreso por multa para este año no es muy distinto al calculado años anteriores con una previsión de 5,5 y 5,3 millones, respectivamente, en los ejercicios de 2011 y 2010.
