Silvia Hernández Álvarez realizó una última llamada desesperada de socorro a las dos y media de la madrugada del pasado domingo. En medio de la agresión de su pareja en el domicilio que compartían en Roces consiguió telefonear a su abuela Encarnación, que vive en la Carretera del Obispo, para pedir ayuda porque, según confirmó ayer la mujer, "la estaba pegando". Poco pudo hacer la abuela de madrugada y con movilidad reducida. Fue la última persona de la familia que supo de la víctima. Lo siguiente ya fue la llamada policial para informar del fallecimiento.
Lo relataba ayer con lágrimas en los ojos una prima de la madre de la fallecida, Mari Carmen Fernández, quien, como el resto de la familia, temía por la suerte que pudiera correr Silvia. "Con la minusvalía psíquica importante que tenía y con ese hombre, teníamos miedo de que le acabara pasando algo", aseguraba ayer en el tanatorio. Los peores presagios se hicieron realidad al amanecer del domingo, cuando los agentes de la Policía y los sanitarios accedieron a la vivienda tras una llamada del presunto agresor. En ella avisaba de que su pareja se encontraba en la cama y no respondía a estímulos. Poco después comprobarían que ya estaba muerta, con una puñalada en el costado, "desde hacía ya bastante tiempo, porque durante todo el domingo la llamamos por teléfono y no nos contestaba", indicaba su pariente.
El relato de los familiares es el de una historia difícil, marcada por los problemas de Silvia y una absoluta dependencia emocional de su agresor, con el que llevaba cuatro años de relación tormentosa. "La madre le decía que lo dejara, que no siguiera con él porque le pegaba cada poco y ya se habían denunciado muchas veces entre ellos. Ella volvía a casa con su madre, pero en cuanto él quedaba libre se escapaba otra vez", recuerda Mari Carmen Fernández. "Nos decía que lo quería mucho y que no podía dejarlo, y allá que volvía con él; como era mayor de edad, los padres no podían hacer nada", explica la prima materna.
La familia sí echa de menos "que alguien nos hubiera ayudado, porque era evidente que Silvia tenía un retraso y las instituciones públicas deberían haberla amparado, debería haber estado acogida en la Casa Malva o en algún otro sitio, era una víctima de malos tratos", recalca Fernández con impotencia.
Lo único que le queda a la familia tras enterrar a Silvia Hernández -el sepelio tendrá lugar en Deva hoy a las 11.30 horas- es esperar a que "se haga justicia". Por el momento, el presunto agresor ya ha ingresado en la cárcel, tras pasar ayer por el Juzgado. La magistrada titular de Violencia de Género de Gijón dictó en la mañana de ayer una orden de prisión provisional, comunicada y sin fianza para el hombre. La juez, de acuerdo con el Ministerio Fiscal, le imputa un delito de homicidio sin perjuicio de que, a lo largo de la instrucción que ahora comienza, pudiera modificarse esta calificación.
El detenido, por su parte, que fue trasladado a primera hora de la mañana a los calabozos del Palacio de Justicia gijonés, se acogió a su derecho a no declarar. Previamente había sido reconocido por el médico forense, toda vez que en los atestados policiales constaba que en el momento de su detención podría estar bajo un síndrome de abstinencia relacionado con la ingestión de bebidas alcohólicas. El hombre ya se encuentra en el centro penitenciario de Villabona, al que fue trasladado en un furgón de la Guardia Civil a primera hora de la tarde, tras pasar toda la mañana en las dependencias del Palacio de Justicia.
Concentración
La Plaza Mayor de Gijón enmudeció a mediodía de ayer para condenar la muerte de Silvia Hernández. Principado, Ayuntamiento de Gijón, Delegación de Gobierno y Consejos de la Mujer de Asturias y Gijón convocaron ayer una manifestación de repulsa en la que participaron asociaciones, representantes políticos con el presidente de la Junta General, Pedro Sanjurjo, el delegado del Gobierno, Gabino de Lorenzo, y la alcaldesa Gijón, Carmen Moriyón, reunidos junto a todos los vecinos que quisieron dejar patente su rechazo a "una lacra que no tiene fin".
El consejero de Presidencia del Principado, Guillermo Martínez, clamó de nuevo por un pacto de Estado y también en Asturias "ante un problema social de primera magnitud que va a requerir de muchos esfuerzos". Martínez indicó que se trata de "un desafío social de unas dimensiones que todo el mundo se puede dar cuenta de lo que significa para el modelo de convivencia", antes de llamar a "mejorar día a día".
Sila Murillo, presidenta de la asociación AMDAS Lafonte, fue la encargada de dar lectura al manifiesto oficial de condena, y advirtió de que "si no hay un buen escarmiento para los agresores, la solución está difícil". Podemos Xixón subrayó por su parte la necesidad de convertir las violencias machistas en "una cuestión de Estado que busque la eliminación de todas las discriminaciones e injusticias que sufren las mujeres".
