El Ayuntamiento de Valdés acaba de sufrir un nuevo varapalo en la disputa legal para evitar la demolición del cine Goya, dictada en sentencia por no ajustarse a las normas urbanísticas vigentes. La sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha decidido desestimar el recurso presentado por el Ayuntamiento, en el que se alegaba que era imposible ejecutar el fallo porque dejaría inservible el edificio.
El tribunal mantiene y confirma en sus propios términos el auto que insta a la demolición del edificio, e impone las costas procesales causadas al propio Consistorio valdesano.
El Ayuntamiento dispone ahora de treinta días para presentar un recurso de casación que debería ser resuelto por la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.
La sentencia explica que en auto del pasado 6 de mayo de 2016 se dictó el restablecimiento de la legalidad urbanística de la obra ejecutada, "lo que conlleva como consecuencia natural tener que acometer obras de demolición de gran entidad en el edificio al tener que liberar en todas las plantas el espacio ocupado, así como la totalidad de las plantas segunda y tercera, por superar ambas altura y edificabilidad", además de otra serie de reformas. Ante esa decisión, el Ayuntamiento había alegado la imposibilidad material de ejecutar dichos trabajos, una petición que ahora ha sido desestimada.
El proyecto de rehabilitación del cine Goya se inició en 2009, con el objetivo de recuperar un edificio emblemático de la villa y crear un auditorio con más de doscientas butacas, que incluiría, además, una sala dedicada a la trayectoria del director artístico Gil Parrondo. El Consistorio invirtió más de un millón de euros, pero nunca pudo abrirse al público, en primer lugar, y entre otras cosas, porque no se dotó de salida de emergencia. Después, tras la denuncia de varios vecinos, por la sentencia que indica que no cumple la normativa vigente.
La asociación "Más Luarca Valdés", por su parte, señala que se trata de "un asunto grave sobre el que el Ayuntamiento tiene la obligación de informar, explicando con total transparencia las consecuencias que podría tener esta sentencia y su intención, o no, de interponer recurso ante el Supremo", según reza un comunicado hecho público ayer.
