No es difícil imaginar que cuando se anunció la desaparición del Ministerio de Igualdad y el consiguiente paso a un segundo plano político de Bibiana Aído un hondo pesar, sólo comparable con el que a buen seguro conmovió a sus conmilitonas feministas, debió de recorrer las redacciones de muchos medios de comunicación privados a partir de ese momento de una de las más prolíficas fuentes de jolgorio y regocijo informativo que el Gobierno de España era capaz de suministrar.

Sin embargo, a buen seguro se vieron esos medios reconfortados en la pérdida tan pronto hubieron sabido que don José Luis Rodríguez Zapatero, en su infinita bondad, había tenido a bien unir a la de Sanidad la cartera de Igualdad y -miel sobre hojuelas- poner al frente de la misma a doña Leire Pajín.

Y es que los antecedentes de doña Leire no podían ser más prometedores. Las hechuras de la hasta entonces secretaria de Organización del PSOE habían quedado sobradamente acreditadas con sus invocaciones al acontecimiento planetario que el advenimiento de su señorito a la condición de presidente de turno de la UE iba a suponer. Se presagiaban tardes de gloria.

Los augurios no han tardado en cumplirse. Por si alguien tuviera todavía alguna duda al respecto, doña Leire ha decidido levantar acta de que a los muchos méritos y virtudes que la adornan para el cargo de ministra de Sanidad e Igualdad añade una vasta cultura y un pintiparado dominio del lenguaje con su castiza referencia a los «cónyugues».

Aunque, en realidad, eso es sencillamente lo de menos. Al fin y al cabo vivimos tiempos en los que el analfabetismo funcional de un ministro ha dejado de ser noticia. Lo verdaderamente grave de todo este asunto es que un personaje así, desde el ejercicio de la responsabilidad de Gobierno, pueda articular una propuesta que una organización tan manifiestamente distante de cualquier hostilidad ideológica hacia el Gobierno Zapatero como Jueces para la Democracia se haya visto obligada a calificarla de inmediato como una iniciativa irresponsable que manipula la realidad, «aumenta de forma innecesaria la sensación de inseguridad» y «esconde que el problema no reside en estos momentos en las previsiones legales, sino en la necesaria inversión en medios que provoquen cambios materiales en la vida cotidiana de las personas que sufren esas injustas situaciones».

Lo de menos es, pues, el analfabetismo funcional de la Ministra. Lo verdaderamente relevante es el grave riesgo que para el bien común supone colocar a un individuo de este pelaje al frente de un Ministerio. El ejercicio de sensibilidad democrática garantista del vicepresidente primero de iure -y primer ministro de facto- Rubalcaba afirmando que el interés de los niños está por delante de la presunción de inocencia no ha sido sino el adecuado colofón que tan afortunada medida gubernamental ameritaba. No se acierta a comprender que los mercados internacionales desconfíen de la fortaleza de un país capaz de sobrellevar a un Gobierno así.