La consejera de Agroganadería y Recursos Autóctonos, María Jesús Álvarez, aseguró en San Juan de Beleño que el Instrumento de Gestión Integrada (IGI) del parque natural de Ponga, aprobado ayer y que entrará en vigor en 2015, incluye muchas de las peticiones de distintos sectores como el ganadero que permitirán agilizar trámites para algunas actuaciones.

Álvarez, que acudió a la junta rectora del parque, aseguró que la exposición e información pública del instrumento que sustituirá al anterior PRUG sirvieron para tener en cuenta numerosas alegaciones con las que sostuvo que se mejoró la redacción inicial. "El nuevo texto es más favorable a la vida de hombres y mujeres dentro del parque", apuntó justo después de recordar que lo que persigue el nuevo marco es equilibrar los intereses de conservación y desarrollo económico y social.

Entre los cambios importantes está la eliminación del trámite de comunicación de algunas actuaciones por parte de la dirección del parque que ahora dejará de ser necesario. Ello agilizará por tanto medidas como las reparaciones o mejoras en vías existentes o permitir nuevas vías y accesos a aquellos pastos para los que no haya otra solución, según comentó la consejera. Asimismo se reducirá el tiempo de tramitación de las quemas controladas y los desbroces.

Un balance positivo que, sin embargo, no es compartido por el consistorio pongueto, que votó en contra del texto en la comisión porque cree que no beneficia al municipio. "No tiene en cuenta ninguna de nuestras alegaciones ni responde a las necesidades vecinales", comentó la alcaldesa de Foro Asturias, Mercedes Traviesa, que cuestionó los beneficios del espacio protegido para la población local. "En las inversiones siguen sumando las que son comunes a todos los concejos", apuntó Traviesa.

Estos desencuentros se vieron reflejados, tanto en la junta como en la comisión, en la que los representantes del Principado señalaron que el hecho de que Ponga sea parque natural le da prioridad para ciertas actuaciones y le reporta a cada ganadero local unas ayudas de 4.000 euros más de media respecto a los titulares de explotaciones de territorios sin protección alguna.