"El día que pase algo grave actuarán, mientras tanto prefieren mirar para otro lado". Los familiares de la mujer detenida la semana pasada por un delito de amenazas graves tras pinchar con un arma blanca a una facultativa del Centro de Salud de Otero por negarse a expedirle una receta aseguran que además de su adicción a las drogas padece una enfermedad mental severa y representa un grave peligro para sí misma y para la sociedad. Así, denuncian que se sienten "impotentes", puesto que llevan años solicitando una "curatela" encaminada a su "inhabilitación jurídica", de forma que la familia pueda hacerse cargo de la chica para protegerla y vigilar sus actos. Su denuncia es también una petición desesperada de auxilio.
La mujer tiene 39 años y lleva dos décadas sin levantar cabeza. "Cuando le faltan sus medicinas es capaz de cualquier cosa, no es la primera vez que hace algo así", indica un familiar sobre el suceso de la semana pasada en el ambulatorio. Desde su entorno cercano trasladan que están "cansados" de leer en los medios de comunicación sucesos en los que su familiar es la protagonista y de que nadie haga nada por evitar que vuelva a ocurrir. Se refieren, además del desafortunado episodio de la semana pasada en Otero, a un incidente ocurrido hace unos meses en la cárcel de Villabona. Entonces, cinco funcionarios resultaron intoxicados en el incendio provocado por una interna en su celda del módulo 10. Además, alrededor de treinta presas del módulo de mujeres tuvieron que ser evacuadas al patio mientras se disipaba el humo. La mujer que provocó el incendio y la detenida por agredir a una doctora en Otero son la misma persona. "La sociedad tiene que saber lo que pasa después. No sólo el suceso", defiende su familia.
Lo que pasa después lo resume su entorno familiar en una palabra: nada. Y es que, según denuncian, tras ser detenida en el ambulatorio la mujer fue citada para un juicio rápido. De ahí, el juez de guardia decidió enviarla al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), donde fue derivada al área de salud mental del Hospital de San Agustín, en Avilés. "A las 48 horas estaba fuera", sostiene un familiar.
La figura jurídica que reclaman los familiares de la mujer, la "curatela", tiene como finalidad la protección de esta persona y de sus bienes en determinados supuestos, entre ellos la enfermedad mental. Es un juez el que debe decidir. Para ello, es necesario celebrar un juicio oral en el que se demuestre que la persona necesita esta protección, ya sea de manera temporal o permanente. Informes sociales y médicos que acrediten que la persona no puede administrar sus actos sin ayuda deben avalar la petición. En las dos ocasiones en las que se señaló una fecha para celebrar un juicio encaminado a la obtención de la curatela, la mujer no se presentó. Su familia entiende que alguien debería hacer algo más para mejorar la situación. "La próxima vez el titular será que ha matado a alguien", advierten sus allegados.
La semana pasada los trabajadores del Centro de Salud de Otero alertaron a la Policía de que una mujer estaba amenazando a una doctora con una navaja. Primero se la colocó en el cuello, y ante la negativa de la doctora comenzó a pincharla con el arma en el vientre, sin llegar a traspasar la ropa. Quería que le diese sus medicinas. Cuando se dio cuenta de que los agentes policiales estaban a punto de entrar echó a correr, pero antes trató de llevarse la cazadora de un paciente, que puso resistencia y logró impedírselo. Ya en la calle, los agentes alcanzaron a la mujer cuando trataba de huir.
