Oviedo,

P. ÁLVAREZ / Á. FAES

La Consejería de Sanidad del Principado cifró ayer en 1.584 el número de pacientes a los que, estando exentos de pagar sus medicamentos, les fue asignado un código erróneo y se les cobró un 10 por ciento del precio de sus fármacos. Según la Consejería, este fallo -que ha afectado principalmente a perceptores de pensiones no contributivas y parados que ya han agotado el subsidio de desempleo- quedó subsanado en la mañana de ayer.

«El Servicio de Salud del Principado se pondrá en contacto con los afectados para devolverles las cantidades cobradas de más», indicó Sanidad en un comunicado difundido a última hora de la tarde de ayer. La Administración regional precisó que quienes tengan en su poder una receta con la numeración equivocada pero aún no hayan retirado el fármaco pueden dirigirse a su médico para que les entregue una receta con los datos correctos.

El consejero de Sanidad, Faustino Blanco, solicitó a los usuarios que conserven los tiques de compra de los medicamentos, si bien reiteró que los errores «serán subsanados de oficio, sin necesidad de reclamaciones». «Sólo en el caso de que exista discrepancia [entre las cantidades adeudadas y las que se les carguen en su cuenta bancaria] deberán dirigirse a la Administración, concretamente al Servicio de Salud», aclaró el Consejero.

El nuevo modelo de copago de medicinas entró en vigor en toda España -salvo Cataluña y el País Vasco- el pasado domingo, 1 de julio. LA NUEVA ESPAÑA informó en su edición de ayer de los fallos surgidos en la asignación de los códigos que determinan el nivel de aportación de cada usuario a la factura de sus fármacos.

De los seis grupos de copago establecidos por el Ministerio de Sanidad, en los primeros días el sistema informático sólo adjudicaba dos. Uno de ellos implicaba el pago del 10 por ciento de la factura, y perjudicaba a los usuarios que tienen derecho a la gratuidad total. El otro suponía el pago del 40 por ciento, y beneficiaba a los pacientes laboralmente activos que, por ingresar más de 18.000 euros anuales, deberían abonar el 50 o el 60 por ciento del coste de sus medicinas. Según la nota de la Consejería, la mayor parte de los errores surgidos se enmarca en este último colectivo, «uno de los más numerosos». En este caso, hasta que se depuren los fallos, los usuarios «seguirán aportando el 40 por ciento».

El comunicado de la Administración sanitaria explica que los citados errores tuvieron su origen en «las dificultades para cargar los envíos de códigos fiscales procedentes del Gobierno de España en las bases de datos del Servicio de Salud y que no fueron diseñadas para contener este tipo de información».

El Principado precisa que «los programas de historia electrónica de salud con los que trabaja el Gobierno de Asturias fueron pensados para recoger datos sanitarios, en los que todos los pacientes tienen la misma condición con la única distinción entre activos y pensionistas». Sin embargo, «la información que aporta el Ministerio incluye consideraciones de tipo fiscal».

La nota hace hincapié en el retraso con el que la Administración central ha ido remitiendo los datos que el Principado necesitaba para poner en marcha el copago. «Desde la entrada en vigor del real decreto, el pasado día 1 de julio, el Gobierno de España ha realizado tres nuevos envíos de datos, modificando los anteriores, y que ha sido preciso cargar en los programas asturianos». Según Sanidad, el Ejecutivo de Mariano Rajoy envió el 1 de julio 9.346 modificaciones; el 2 de julio, 1.731; y el 3 de julio, a las siete de la tarde, 980 modificaciones más.

«El vuelco de estos datos y su cruce con los recogidos en la base del Servicio de Salud del Principado ha originado que un grupo de personas haya quedado clasificadas con un código que no es el que le corresponde en relación a su situación tributaria», apostilla el comunicado de la Consejería de Sanidad, que añade que las incidencias surgidas en los cuatro primeros días de vigencia del copago «apenas suponen el 0,2 por ciento del total de las recetas prescritas».

Por otra parte, CiU y el Partido Popular de Cataluña esbozaron ayer un principio de acuerdo para la posible supresión del euro por receta «como máximo a 31 de diciembre de 2012».