La UE se aviene a flexibilizar la normativa de condicionalidad de la PAC

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha señalado que, con sus últimas propuestas sobre flexibilidad de la PAC, "la Comisión Europea (CE) da respuesta rápida a las cuestiones planteadas por los agricultores y ganaderos españoles". Asimismo, ha detallado las propuestas de flexibilidad respecto a las normas de condicionalidad que quiere aplicar en España.

Así lo ha manifestado Planas en la reunión del Consejo Consultivo de Política Agrícola para Asuntos Comunitarios que ha mantenido por videoconferencia con las comunidades autónomas, para tratar los asuntos del Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea.

El Ministro ha valorado las propuestas anunciadas por la CE el pasado 15 de marzo y ha mostrado su confianza en que la aprobación de los cambios reglamentarios necesarios se realizará de forma urgente para que puedan tener ya eficacia en las solicitudes de ayudas que los agricultores tienen que presentar este año.

Según ha recogido un comunicado del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), durante el encuentro Planas ha destacado en especial las propuestas de flexibilidad referidas a las normas de condicionalidad para tener acceso pleno a las ayudas de la PAC.

Estas medidas, según Planas, están en línea con las peticiones realizadas por el Gobierno de España de flexibilizar tres de las buenas condiciones agrarias y medioambientales (BCAM).

La propuesta de modificación de reglamento otorgará a los estados miembros mayor subsidiariedad en la aplicación de las BCAM y Planas ha anunciado que España las utilizará para, por ejemplo, autorizar el laboreo vertical sobre rastrojos o la aplicación de purines y enmiendas orgánicas en los barbechos.

Al mismo tiempo, ha indicado que se permitirá la rotación de cultivos o la diversificación y se eliminará la obligación de dejar improductiva una parte de la superficie de las explotaciones. Planas ha destacado también el avance en materia de eliminación de cargas burocráticas que suponen las nuevas propuestas de la CE al eximir de controles y sanciones de la condicionalidad a las explotaciones de menos de 10 hectáreas. En el caso de España, esta medida beneficia a unos 345.000 pequeños agricultores, el 55% del total de beneficiarios de ayudas de la PAC. Una vez que el Consejo de Ministros de la UE dé el visto bueno a estas propuestas, el Ministro ha señalado que la prioridad será el calendario de aplicación para que el Consejo y el Parlamento aprueben la modificación del reglamento con urgencia, puesto que la Eurocámara se disuelve a finales de abril. El Ministro ha explicado que los agricultores y ganaderos necesitan la máxima seguridad jurídica para saber qué normas le serán de aplicación antes de que concluya el plazo de presentación de las solicitudes de las ayudas de la PAC, que se inició el 1 de febrero y que finaliza el 30 de abril.

Además de las flexibilidades de la PAC, en el Consejo Consultivo se han abordado también las propuestas de la CE relativas a la cadena alimentaria, como la creación de un observatorio de costes de producción, márgenes y prácticas comerciales y la posibilidad de introducir la obligatoriedad de realizar los contratos por escrito.

El acuerdo con Marruecos

Por otra parte, la abogada general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), la croata Tamara Capeta, avaló la legalidad del acuerdo comercial de la UE con Marruecos, y contradijo así la sentencia del tribunal europeo de primera instancia, que anuló su aprobación al considerar que el pacto debió ser avalado por el Frente Polisario, como representante del Sahara Occidental.

La Comisión Europea y el Consejo de la UE recurrieron al TJUE, la máxima instancia judicial, la decisión del TGUE sobre el acuerdo comercial que ofrece a Marruecos un trato preferencial para la exportación de productos agrícolas al club comunitario.

Según la abogada general, el pueblo saharaui no tiene ningún representante oficial o reconocido que pueda interponer un recurso en su nombre, justo lo que hizo el Frente Polisario denunciando el acuerdo comercial entre la UE y Marruecos ante la justicia europea.

Capeta definió al Frente Polisario como una organización que solo refleja los intereses de "al menos" una parte de la población del Sahara: los que defienden la creación de un Estado independiente para esta antigua colonia española, actualmente ocupada en su mayor parte por Marruecos.

Para la abogada general, el acuerdo comercial firmado con la UE trata al Sahara Occidental como un territorio diferente y separado de Marruecos.