Oviedo, J. A. ARDURA

El Principado tiene previsto convocar oposiciones públicas para convertir en fijas las más de dos mil plazas ocupadas en la actualidad por interinos. Los sindicatos alertaron ayer de que esa modalidad de convocatoria dejará sin trabajo a cientos de empleados que han acumulado experiencia como interinos en la Administración regional, y que otras autonomías, gobernadas también por el PSOE, suelen decantarse por el concurso-oposición como fórmula para resolver ese tipo de convocatorias.

El Gobierno asturiano ha confirmado esta semana que convertirá en plazas fijas de la Administración regional 2.639 puestos que actualmente están ocupados por interinos. Esta medida no significa que los empleados que actualmente cubren esos puestos pasen a ser funcionarios. La portavoz del Gobierno regional, Ana Rosa Migoya, manifestó que una parte importante de esas plazas, las que afectan a personal sanitario, se resolverán mediante concurso-oposición «porque pertenecen a un cuerpo estatal que así lo establece», mientras que otras, que afectan a la Administración General, se adjudicarán mediante ofertas públicas de empleo (OPE). La diferencia entre ambas modalidades es que en el concurso-oposición se tienen en cuenta una serie de méritos previamente establecidos con su correspondiente baremación, mientras que en la oposición libre sólo se tiene en cuenta el resultado del examen. Ambas modalidades están recogidas en el Estatuto Básico del Empleado Público. La elección de un sistema u otro para la provisión de plazas «queda en manos del Gobierno de turno», según indicaron fuentes sindicales.

Desde sindicatos como CSIF y USIPA se advierte de que el sistema de oposición libre puede dejar sin empleo a cientos de trabajadores que han acumulado experiencia en los últimos años como interinos. «En Asturias, el PSOE se niega a valorar la experiencia y el conocimiento adquiridos por el personal interino, mientras que en otras autonomías como Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura se opta por el concurso-oposición», expuso Juan Gavira, secretario de acción sindical de CSIF Asturias, quien negó que esta última modalidad pretenda ser «un coladero para el personal interino». José Luis González, de USIPA, confirmó que esta convocatoria «ha generado cabreo en el personal interino de la Administración porque aunque es cierto que se trata de una fórmula legal, el problema surge cuando hay agravios comparativos entre empleados de la sanidad o la educación, donde sí hay concurso-oposición, o de la Administración pública, donde se va al examen puro y duro, sin tener en cuenta la experiencia». González indicó que el sistema ideal «sería un término medio y homogéneo para todos los sectores de la Administración».

La consejera de Administraciones Públicas, Ana Rosa Migoya, justificó la conversión de esas 2.639 plazas en fijas. «Se analizaron las necesidades estructurales de los servicios públicos y las necesidades coyunturales en un determinado momento de los servicios. La Administración estaba preocupada porque constató que había un alto índice de temporalidad. La conclusión fue que todas las plazas que ahora se convocan son necesidades de la Administración que se estaban cubriendo con personal interino».

La portavoz del Ejecutivo hizo hincapié en que esas plazas «no suponen ni aumento de personal ni nuevo gasto, sino dar estabilidad a las plazas ahora ocupadas por interinos en puestos fijos». Migoya aseguró que esta medida permitirá un ahorro, ya que las cotizaciones al desempleo y a la Seguridad Social son menores en los puestos fijos. El Principado cifró ese ahorro en 4 millones, aunque expertos discreparon y dicen que es mucho menor.

Trabajadores del servicio de Bomberos de Asturias se concentraron ayer ante la sede del Gobierno regional, en Oviedo (en la foto), para protestar por el despido de, al menos, 21 compañeros antes de que finalice el año y «a pesar de que aún no han finalizado las oposiciones para la provisión en Asturias de 78 plazas de auxiliar de bombero». Estos despidos, aseguran, «suponen un recorte importante de los efectivos en una plantilla gravemente mermada, donde los trabajadores habituales no son suficientes para cubrir la plantilla mínima por habitante».