La irrupción del movimiento «Democracia Real Ya» a pocas fechas de las elecciones ha causado un auténtico terremoto, pese a las dificultades para interpretar el fenómeno. Mientras la izquierda intenta capitalizarlo, el PP se muestra desconfiado y se ha visto en la necesidad de aclarar que «no influirá en las votaciones». Los expertos consultados por LA NUEVA ESPAÑA, aunque en parte comprensivos con el movimiento, le ven escasa capacidad de influencia, y hay quien advierte del riesgo de deriva violenta. Los constitucionalistas Ramón Punset y Benito Aláez, por su parte, califican la prohibición de la protesta de «incomprensible» e «inconstitucional».

Para Ramón Punset, «en una sociedad democrática, el momento para manifestar inquietudes es el proceso electoral, que no es sólo para los grandes partidos». Mientras no haya «acciones de captación de voto», las protestas son legítimas. Por eso, la prohibición es «incomprensible», ya que «no estamos en un estado de excepción». Para Punset, el problema del movimiento, al que calificó como «un puñetazo en la mesa» por la situación que viven los jóvenes, quizá «un nuevo Mayo del 68», es que «no hay partidos de acogida que den una esperanza». Punset se mostró comprensivo con el aspecto económico de la protesta. «Ni Europa ni EE UU acaban de aprobar una regulación convincente de los mercados, y hace falta una política más keynesiana», opinó.

El profesor Benito Aláez también cargó contra la prohibición. «Es una barbaridad, una decisión inconstitucional, no ha habido expresiones violentas», indicó. Añadió que la decisión parte de un concepción «caciquil» de la participación política. Para Aláez, las protestas no ponen en riesgo el derecho al voto. «Si un arzobispo pide el voto para los partidos que apoyen a la familia, no veo por qué los manifestantes no van a pedir un voto responsable», indicó. El profesor, que conectó la protestas con el panfleto «Indignaos», de Stéphane Hessel, opina que la gran falla es que «piden que se les cambien las cosas, pero el cambio deberían hacerlo ellos».

El sociólogo Rodolfo Gutiérrez Palacios explica el fenómeno por el «descontento con el sistema y los comportamientos políticos». La crisis, añade, «ha incrementado esa desafección». Dicho esto, opina que «hay dudas sobre su verdadero significado». Y es que «el descontento con la clase política es poco para una revolución». Eso no quita para que el sociólogo comprenda algunas reivindicaciones, como la reforma de ley Electoral. Aun reconociendo que la política «debe tener una parte no partidista», Gutiérrez preferiría que «el movimiento se canalizara a través de partidos, existentes o nuevos». Y es que «las soluciones de democracia directa o participación pura son peores».

El filósofo Gustavo Bueno es implacable con el movimiento. «Es la expresión del analfabetismo político y filosófico a que ha llegado España, el resultado de una situación social de descalabro. Se alimenta de reliquias degeneradas y detritus, de ideas más viejas que la tos, algunas de ellas bastante groseras, con reminiscencias eclesiásticas», sentencia. El movimiento, al cargar contra el bipartidismo, «está equiparando el fracaso del PSOE con el PP, y brindando una exculpación, aunque no se den cuenta».

El también sociólogo Arsenio Valbuena comparó el movimiento con «las típicas revueltas informes populares que siempre ha habido en la Historia», y lo conectó con las recientes rebeliones árabes. Se trata de «un sentimiento de rebeldía» de unos jóvenes «alienados de la sociedad del bienestar», que buscan «un lugar al sol». Y tiene el futuro de todas las revoluciones espontáneas: «Un agujero en el agua».

El sociólogo Servando Cano llamó la atención sobre lo «confuso» del movimiento. Responde a «un profundo malestar», pero «tiene dificultades para pasar al análisis y a las propuestas». Hasta ahora ha sido un movimiento «saludable». El problema es que «se pase del malestar a la indignación, luego a la ira y al final a la violencia». Y es que «habría que evitar ese recorrido que han hecho movimientos como el Mayo francés, que terminaron en represión y desencanto». Le sobran razones a la protesta («hay una crítica a la crisis de la representación política»), pero «no tiene claro quién es el adversario», como sí lo tenía el movimiento obrero. Por eso, puede caer «en un imaginario crítico radical y tener dificultades para cuajar como movimiento social».

También hacen sus interpretaciones los políticos. Javier Fernández, candidato del PSOE, indicó que espera «que la indignación no se traduzca en abstención» y animó a depositar el voto. «El 23-M puede ser tarde, porque la derecha va a ir a votar», dijo. Fernández se mostró favorable a algunas partes del ideario del 15-M, como el rechazo a que «la economía gobierne la política» o la exigencia de servicios públicos de calidad. También la necesidad de regenerar la vida política. «La sociedad no es más sana por que haya menos casos de corrupción, sino por que sepa afrontarlos con brío».

La candidata del PP, Isabel Pérez-Espinosa, opinó que las concentraciones prueban «el clamor por un cambio». Calificó la protesta de «legítima», aunque también indicó que «la estrategia electoral del PSOE y los antecedentes hacen sospechar», porque «otros movimientos estuvieron dirigidos». También llamó a acudir a las urnas. «Tenemos la gran suerte de poder poner o quitar nuestra confianza en quienes gobiernan con el voto. Quien piense que unas personas manifestándose van a influir sobre los votantes es que cree que hasta el 15 de mayo no nos habíamos enterado de que hay 5 millones de parados». El candidato de IU, Jesús Iglesias, aseguró que la «conspiranoia» de la derecha «sólo va a alentar a los jóvenes a seguir luchando por su futuro». Y dijo no entender el «nerviosismo» de Zapatero, «que envió a la Policía a levantar el campamento de la Puerta del Sol».