Fruto del Trabajo

Treinta matrículas de honor, catorce sobresalientes y un notable a lo largo de su titulación fueron las demoledoras razones para que Alba García Torres abriese de par en par las puertas de un grupo de investigación que rastrea toda la jurisprudencia laboral del Tribunal Constitucional para elaborar un documento que sirva de guía a legisladores y jueces. Esta gijonesa de 24 años, con el mejor expediente de la Facultad de Derecho en un cuarto de siglo, alterna la búsqueda de sentencias sobre trabajadores y empresarios con la preparación de su tesis y con el estudio de un grado sobre materia jurídica de la UNED. Y todavía le sobra tiempo para leerse, en media mañana, las claves de la reforma recién aprobada por el Gobierno. «Quiere imitar la flexiseguridad en el empleo de otros países europeos, que es rebajar la vinculación a un puesto a cambio de fuertes prestaciones sociales. Pero mucho me temo que aquí habrá mucho de flexibilidad y más bien poco de seguridad», advierte.

Sea por su juventud, sea por su vocación, a la recién licenciada se le nota que se cree lo que dice. Aunque su expediente universitario pudiera desmentirlo, fue una estudiante «normal y corriente» en el instituto, donde, también contra lo previsible, estudió ciencias. «En cuanto supe que lo mío era el Derecho Laboral, me lancé sin dudarlo», asegura. En eso tuvo mucho que ver que sus padres sean graduados sociales y asiduos colaboradores del movimiento sindical. Aunque también pesó su convicción de que «es importante saber defender lo que todos hemos ganado». Lo descubrió en un viaje que hizo a Alemania, donde vivía su abuelo, que estaba enfermo. «Era casi una niña, pero recuerdo que un abogado nos solucionó todo el papeleo necesario para hacernos cargo de él, cuando estábamos completamente perdidos. En ese momento, descubrí la función social de esta maravillosa materia», relata.

Por eso, la carrera fue para ella coser y cantar. Con organización espartana, se comía literalmente las asignaturas sin renunciar a salir con sus amigos o a acudir a alguna de las veladas de poesía donde conoció a Ignacio González Rey, el secretario de la Universidad y actual director de su tesis «Las fuentes de regulación del empleo público en régimen laboral». También es el responsable de que haya elegido la docencia como modo de vida, renunciando a hacer oposiciones para juez o notario o a probar suerte en algún despacho de prestigio.

Pidió una beca predoctoral y se hizo con una de las 24 a nivel nacional. Así, accedió al área de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, perteneciente al Departamento de Derecho Privado y de la Empresa. Y, poco después, ya estaba en el equipo de investigación que dirige desde Madrid el catedrático Joaquín García Murcia y que cuenta con especialistas de la capital, Oviedo y Almería. Su corta edad la convierte en la única de la veintena de miembros que no tiene el doctorado, aunque, a cambio, está rodeada de eminencias a nivel nacional. «Mucha gente cree que el Derecho es una cosa de empollones, pero por muy buenas notas que saques, nunca serás un buen jurista si no tienes capacidad de analizar y aplicar», advierte, como si ya estuviera dando una clase.

Su trabajo consiste en seleccionar todas las sentencias del Tribunal Constitucional sobre empleo público. Para ello, emplea como fuentes grandes colecciones, que también están digitalizadas, y extrae los temas que son de su «jurisdicción». Regularmente, asiste en Madrid a una reunión con el resto de integrantes para poner en común su labor. Todo quedará después ordenado en un documento final, que circulará por despachos y juzgados como si fuera un manual de instrucciones para saber a qué atenerse ante un caso concreto. Eso, teniendo en cuenta que el Derecho cambia muchas veces más rápido que la propia sociedad, por más que la crítica suele ser al revés.

«La reforma laboral que ha aprobado el Gobierno es la tercera en muy pocos años. Ni siquiera se ha podido desarrollar la última de Zapatero y ya tenemos una nueva. A veces, las normas no se pueden llegar a aplicar y eso sólo acaba en cierta confusión», razona García Torres, que considera necesario introducir cambios en el mercado español, aunque no cree que la normativa actual sea tan rígida como aseguran algunos expertos. «El ejemplo está claro. Durante los gobiernos de Aznar, había una normativa tan estricta o más que ahora y, a pesar de eso, se rozó el pleno empleo. Creo que el paro crónico que hay en España tiene mucho más que ver con el modelo económico del país que con sus leyes. Aunque lo uno a veces suele ir ligado a lo otro, no me parece que, sobre el papel, seamos muy distintos a otras naciones europeas», subraya.

Lo que también tiene claro es que España no puede dejarse guiar por los criterios aplicables en otros entornos. «Está muy bien coger como modelo a los países nórdicos, con unas grandes prestaciones sociales. Pero a esa situación no se llega así por así, existe una estructura previa potente», explica, con una seguridad aplastante, dando muestras de que su imparable progresión se sustenta en bases mucho más sólidas que el sistema productivo del que habla. Por eso, a los políticos les reclama que legislen en función de la realidad y no por imitación de lo que viene de fuera, exigido en los últimos tiempos por una Alemania dispuesta a marcar la pauta a sus colegas comunitarios.

A pesar de la difícil situación, no es partidaria de los discursos catastrofistas y manda un mensaje tranquilizador a todos los que tengan pensado jubilarse en las próximas décadas. «Hablar de la quiebra de la Seguridad Social es muy manido, pero hace tiempo ya se decía que no se podría pagar las pensiones a partir del 2025, cuando dejara de trabajar la generación del "baby boom" de los sesenta. De todas formas, esos temas no se deben tratar tan alegremente», relata.

Y, a continuación, es fiel a sí misma al asegurar que las medidas en un tema tan complicado deben hacerse sin vulnerar derechos. «Los problemas de los trabajadores tanto del sector público como privado siempre han existido y van a existir. Pero hay que salir de la crisis sin recortar en lo fundamental. Creo que la nueva reforma laboral va a propiciar, por ejemplo, un descenso en la capacidad negociadora de los convenios colectivos, que se acordarán para el sector en general y no para cada una de las empresas». «Todos, como empleados, tenemos unas obligaciones que ya conocemos, pero también tenemos que ser conscientes de dónde no podemos retroceder», concluye.

Lograr la estabilidad política. Alba García Torres tiene claro que lo último que necesita Asturias, metida de lleno en la crisis económica, es la inestabilidad política que ha sufrido durante los últimos siete meses, con un Gobierno en flagrante minoría parlamentaria e incapaz de llegar a acuerdos. «Es justo lo que menos falta hace ahora», afirma. Por eso, espera que las próximas elecciones autonómicas del 25 de marzo sirvan para hacer la región más gobernable. «Independientemente del resultado que se dé, me gustaría que fueran posibles pactos que nos permitan a todos respirar más tranquilos, porque no es bueno que ninguna administración esté así durante mucho tiempo y más con todo lo que hay que hacer», añade. Por eso, apela a la voluntad de diálogo de los dirigentes asturianos, «muchas veces metidos en sus propios asuntos» y les da un toque de atención al señalar que «tienen que tener en cuenta que están en el Parlamento en representación de los ciudadanos y para dar solución a los problemas de esos ciudadanos».

Apoyar a los investigadores jóvenes. La joven considera fundamental potenciar la investigación con becas como la que ella ha recibido, para la Formación del Profesorado Universitario, y dotada con casi 1.200 euros al mes. Aunque se siente en una afortunada, también cree que es preciso apostar por este tipo de iniciativas, para que más jóvenes sigan su camino. «Siempre tuve claro que quería ser docente y he tenido la suerte de que me hayan dado la oportunidad. Por eso, creo que todo el que quiera seguir este camino debería poder hacerlo, sin problemas». Consciente de que es una afortunada -sólo existen 24 becas como la de ella en toda España para la especialidad de Derecho-, pide mayor apoyo por parte de las administraciones. «El futuro de cualquier país es la educación y todo lo que se invierta en este aspecto es poco. Además, creo que enseñar es algo maravilloso, porque compartes con el resto lo que otro te ha enseñado y logras que el conocimiento perviva en el tiempo», finaliza, convencida de las bondades de su elección.

- Alba García Torres, de 24 años, obtuvo la titulación en Derecho con una nota media de 9,7, gracias a un expediente con treinta matrículas de honor y catorce sobresalientes.

- Prepara su tesis bajo el título «Las fuentes de regulación del empleo público en régimen laboral», dirigida por el secretario de la Universidad, Ignacio González Rey. Su tesis de fin de máster será publicada en marzo tras ganar un premio autonómico.

- Solicitó una beca de Formación del Profesorado Universitario (FPU) y, tras conseguirla, accedió al Departamento del Derecho Privado y de la Empresa de su Facultad.

- Actualmente forma parte de un equipo de investigación en el que participan docentes de las Universidades Complutense, de Oviedo y Almería bajo el título «El ideal social del Tribunal Constitucional», para estudiar su jurisprudencia en materia laboral.