En España llevamos años trabajando por alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres, hemos avanzado en el terreno legislativo, en dispositivos de seguridad y en visibilizar este enorme problema para que todos y todas seamos conscientes de su alcance, porque ya son más de 790 mujeres asesinadas desde el año 2003.

Es alarmante comprobar que el número de víctimas se ha disparado en lo que llevamos de año y es intolerable la concentración de mujeres asesinadas este verano. Por ese motivo, hoy, al finalizar la lectura de este manifiesto, queremos nombrar a todas las mujeres asesinadas, indicando algún dato de cada una de ellas, bien sea de edad, nombre o vínculo con su asesino.

Hay temas fundamentales en la construcción de una sociedad que tienen que estar blindados para todos los partidos, entidades y asociaciones. Y la lucha contra la violencia de género es uno de ellos. Es imprescindible reforzar la colaboración entre el conjunto de las administraciones públicas y los distintos actores sociales implicados, entendiendo que es un problema social ante el cual debemos tomar parte activa.

El ejemplo más cercano lo encontramos en el movimiento feminista y de las asociaciones de mujeres, que una vez más se movilizan, salen a la calle y organizan una gran marcha de hombres y mujeres para decir que nos queremos vivas. Una llamada urgente demandando más apoyo para las mujeres, los niños y niñas que sufren violencia de género, enviando un mensaje contundente para los hombres que maltratan: que sepan que la sociedad ya no está con ellos.

Sabemos que se están haciendo muchas cosas, pero no es suficiente. Ha habido importantes retrocesos en nuestro país que quedan reflejados en el informe de julio del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, CEDAW, de las Naciones Unidas, en el que insta al estado español a que cumpla sus compromisos internacionales en materia de igualdad de género.

También es preocupante el creciente número de personas jóvenes víctimas de violencia de género: el 7,4 por ciento de mujeres entre 21 y 30 años fueron víctimas en 2014, porcentaje que se triplica para la misma franja de edad en 2015, y que se sitúa ya en un 25 por ciento. Chicos y chicas adolescentes tienen que ser el objetivo de la inversión que se realice, los recursos tienen que ser, obviamente, para las víctimas, pero también la inversión en coeducación desde los primeros años.

Queremos que se desarrolle y se cumpla la Ley Orgánica 1/2004 sobre Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, la dotación de los medios técnicos, humanos y materiales necesarios para ello, la recuperación de los servicios de atención a las víctimas y a sus hijos e hijas... y todas aquellas medidas que puedan aplicarse para garantizar los derechos fundamentales de las mujeres.

No queremos que sigan silenciándose todas esas víctimas que no aparecen en las estadísticas: hijos e hijas, padres y madres, familiares y amigos y amigas... llamados "daños colaterales", personas asesinadas solo por el hecho de apoyar y acompañar a la mujer víctima.

Queremos hacer hincapié en la prevención y la sensibilización social. Y para eso es imprescindible que se eduque en valores a nuestros niños y niñas desde el principio de la etapa escolar. Hay que apostar por una educación basada en actitudes sociales igualitarias, en el respeto muto entre personas y en la defensa de los derechos humanos.

No queremos medios de comunicación que reflejen estereotipos que recuerdan tiempos pasados, en muchos casos repitiendo esquemas de sumisión de mujeres jóvenes a los imperativos de los hombres. Ni familias que transmiten valores que mantienen una diferenciación de roles entre hombres y mujeres.

Queremos denunciar, una vez más, otra de las manifestaciones más graves de violencia hacia las mujeres: la Trata de Personas con fines de Explotación Sexual.

Es una lacra que, debido al silencio de las propias víctimas, al miedo que sufren tanto por su propia integridad como la de sus familias, y al volumen y "lo escurridizo" de las mafias que las controlan, conlleva una dificultad añadida para identificación de víctimas y agresores y su posterior detención.