La hostilidad entre las versiones asturianas de PSOE y Podemos escribió ayer un nuevo episodio con la acusación del partido de Pablo Iglesias a los socialistas de tratar de imponer "un mecanismo rayano en el totalitarismo" en el anteproyecto de ley de Transparencia y Buen Gobierno del Ejecutivo asturiano. En la interpretación que hace la formación morada, la "ley Martínez", como la llama Podemos en referencia al titular de la Consejería competente -Guillermo Martínez-, abre la puerta a la creación de "listas negras de funcionarios que denuncien o se muestren díscolos ante el Ejecutivo". Podemos cree que quienes alerten de casos de corrupción desde dentro de la Administración pasarían a formar parte de "una base de datos bajo control exclusivo del Gobierno". El anteproyecto incluye la institución de un "Canal ético" como vía para la presentación de denuncias, pero establece la condición de que éstas serán confidenciales, pero no anónimas, toda vez que se requiere la identificación del denunciante.
