08 de junio de 2018
08.06.2018
La actividad en la Junta General del Principado

La ley de transparencia, en la recta final con denuncia anónima

La norma crea un Consejo al que se reconoce la potestad de hacer que la Junta vote el cese del Presidente en caso de irregularidad

08.06.2018 | 02:15

La ley de Transparencia y Buen Gobierno, que ha visto pasar dos legislaturas encallado en la Junta, ha llegado al momento en el que los grupos políticos ven venir el acuerdo que hará encajar todas sus piezas y esquivar las abundantes discrepancias que han jalonado su enrevesado discurrir por el parlamento. La ponencia aproximó ayer sus trabajos hacia el final con un texto consensuado que entre otras disposiciones aceptará las denuncias anónimas de corrupción en consonancia con la legislación estatal y que se prevé quede listo para ser votado en pleno en las primeras sesiones del próximo septiembre. Si esto fuera así, y como quiera que se da tres meses para entrar en vigor, podría estar vigente si no hay contratiempos antes de fin de año y en todo caso dentro del tiempo escaso que le resta a la legislatura.

La denuncia anónima y la protección del reclamante, uno de los grandes caballos de batalla de esta ley varias veces postergada, se dará de paso siempre que tenga respaldo normativo estatal. Si no, según fuentes parlamentarias, se optará por "anonimizar" la reclamación, de suerte que el denunciante se identificaría ante la Administración, pero ésta estaría obligada a guardar reserva sobre su identidad.

El texto, acordado a la espera únicamente de la redacción de la exposición de motivos, acepta asimismo la institución de un registro de los lobbies o grupos de presión que operan en la región, avanza un sistema de "cuentas abiertas" en la Administración -reiterada petición de Podemos- y regula el funcionamiento del Consejo de Transparencia, una institución cuya dependencia de la consejería competente en la materia se circunscribirá a las cuestiones presupuestarias y de personal. Tendrá empleados públicos del Principado y una independencia que se trata de garantizar mediante el mecanismo de nombramiento de su presidente, por mayoría cualificada en la Junta. La dependencia directa del parlamento, reclamada por algunos grupos durante el proceso de tramitación, quedó descartada a la luz de un informe jurídico que objetaba que si se adscribiese a la cámara no podría tener personal, dado que el Ministerio de Hacienda no permite aumentar la masa salarial de la Junta.

Del Consejo dependería la llamada "Oficina anticorrupción" y entre sus posibles prerrogativas asume la potestad de intervenir si alguna de las irregularidades detectadas afecta directamente al presidente del Principado. En ese caso, competería a esta institución el traslado del asunto a la Junta, que por mayoría de dos tercios de sus votos podría promover una suerte de moción de censura que podría desembocar en la destitución del jefe del Ejecutivo autonómico.

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