Los perceptores del salario social básico que hayan dejado de recibir la ayuda por encontrar un empleo temporal podrán recuperar la prestación automáticamente cuando se extinga su contrato. Será de modo provisional, mientras se comprueba si siguen concurriendo los requisitos para mantenerla, y siempre que todo haya sucedido en un periodo máximo de un año, pero el restablecimiento surtirá efectos inmediatos, sin necesidad de esperar la onerosa cola a la que las personas en esta situación debían enfrentarse hasta ahora. Se trataba de atajar el muy controvertido atasco de aspirantes que generaba el reingreso de personas que habían trabajado en periodos de tiempo cortos, y por eso el Principado ha incluido esta disposición en su proyecto de ley de garantía de derechos y prestaciones vitales, que contiene la nueva regulación del salario social y que ayer recibió el visto bueno del Consejo de Gobierno.

Entrará de inmediato en la Junta, pero sin seguridad de que haya tiempo para su tramitación antes del fin de la legislatura en una cámara muy saturada de leyes y comisiones de investigación. Viene, dice la consejera de Servicios y Derechos Sociales, a "dar respuesta a las nuevas necesidades sociales. Era evidente que necesitábamos ordenar e integrar las ayudas a las personas más vulnerables".

La norma, tal y como ayer la presentó Pilar Varela, responde a uno de los compromisos del pacto de investidura con IU, nace con el propósito de derogar la ley del salario social de 2005 e incorpora innovaciones que tratan de dar agilidad a la concesión de las ayudas. Acepta por ejemplo la simple "declaración responsable" del solicitante como requisito para admitir la prestación "en algunos casos muy tasados" de revisiones -como la ausencia de renta o patrimonio en todos los miembros de la familia-, pero no la generalización a todos de manera provisional que ha reclamado Podemos. Para resolver las tensiones desatadas con los ayuntamientos por la financiación de estas ayudas, la nueva versión normativa sustituye los convenios actuales, que deben ser renovados año a año, por cuatro transferencias anuales del Gobierno. La ley asocia asimismo a la prestación unos "complementos vitales" que pretenden resolver con mayor agilidad la concurrencia conjunta de derechos a percibir subvenciones adosadas al salario social, como las de alquiler de vivienda o menores y personas con discapacidad o dependencia que convivan en la unidad familiar, y la Consejera precisa que la nueva regulación no prevé de entrada un incremento de costes para las arcas públicas, toda vez que las cuantías han de ser fijadas cada año en la ley de Presupuestos. También regula la homogeneización de criterios con los ayuntamientos para la concesión de las subvenciones.

Varela fija en el rango de los 124 millones de euros la partida que comprometerá el salario social en el Presupuesto autonómico de 2019, ahora en discusión, alcanzando así otro récord de dotación económica, pero el Principado percibe un retroceso del número de solicitantes "notable" "desde el segundo semestre de 2017" y "más acusado en 2018". La factura ha sido de "algo más de 120 millones este año", frente a los 119 el pasado, y la ayuda llega a 2.585 familias y 45.527 personas, pero la media de solicitudes, 293 al mes de enero a septiembre, rebaja en un 41 por ciento el dato de enero de 2018, lo que al decir de la Consejera marca ya "una situación de cambio". El promedio de demora en la resolución de expedientes está en tres meses y medio, frente al máximo legal de tres meses.