El Gobierno regional ha autorizado esta mañana un gasto inicial de 15,7 millones para garantizar los servicios de ayuda a domicilio y teleasistencia que reciben en Asturias 5.550 personas con algún tipo de dependencia. Estas prestaciones se realizan a través de convenios de colaboración con las entidades locales. Con esta cuantía se mantendrá la atención a 4.200 beneficiarios de la ayuda a domicilio y a otros 1.350 de la teleasistencia. Un total de 11.207 esperan más de un año para recibir asistencia, pendientes de diversos trámites, de los cuales 5.477 están pendientes de valoración, según los últimos datos divulgados por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de servicios sociales.

Este año, pendiente aún la aprobación del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales para 2020, el Consejo de Gobierno ha optado por autorizar ya un crédito que asegure la atención. Una vez aprobado, esta cuantía se ampliará hasta los 17,5 millones, lo que permitirá extender la cobertura hasta las 6.200 personas.

El Ejecutivo socialista ha decidido también que, por primera vez, este crédito tenga carácter ampliable. Con ello se consigue priorizar la concesión de ayudas y responder, al mismo tiempo, al posible aumento de beneficiarios derivado del plan de choque puesto en marcha por la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar para tratar de eliminar el retraso en el reconocimiento de las situaciones de dependencia.

Por otra parte, el Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno a la concesión de ayudas a entidades sociales sin ánimo de lucro para compensar los gastos adicionales en personal derivados de la aprobación del nuevo convenio colectivo general, a nivel estatal, de centros y servicios de atención a personas con discapacidad en julio de 2019. Tradicionalmente, la prestación de servicios y atención a la discapacidad en Asturias ha venido siendo encomendada en gran parte a entidades y organizaciones del tercer sector sin ánimo de lucro; asociaciones, fundaciones, federaciones y patronatos, vinculados en muchos casos a familias y tutores de personas con discapacidad, con fuerte raigambre en las localidades en que se ubican y ofertan los servicios.

Estas organizaciones iniciaron la puesta en marcha de recursos y programas específicos para personas con discapacidad, implementando actuaciones e intervenciones sociales cuando el desarrollo y la implantación territorial de los servicios públicos en esta materia eran claramente insuficientes.

La aprobación de un nuevo convenio colectivo general, a nivel estatal, de centros y servicios de atención a personas con discapacidad en julio de 2019 supuso para algunas de estas entidades un incremento en los gastos de personal que no estaban contemplados en los contratos de los acuerdo marco existentes, que finalizaron en julio de 2019, ni en las prórrogas en vigor en tanto se formalizan los nuevos acuerdos vinculados a la aplicación de la ley de acción concertada.

Este acuerdo, por tanto, tiene como objetivo compensar los desequilibrios económicos causados a diferentes entidades que se han visto afectadas por la aplicación del nuevo convenio colectivo, al tener que asumir un mayor coste de personal. Se atiende así a las reivindicaciones de las entidades afectadas, al compensar los gastos adicionales en personal —en tanto se formalizan los acuerdos de acción concertada— de 20 entidades, por un importe conjunto de 455.445,92 euros, que soportaron entre el 15 de julio de 2019 -fecha en la que finalizaron los acuerdos marco en vigor, y el 31 de diciembre de 2019.