El clamor de los alcaldes "huérfanos" no entiende de colores políticos

«No sabemos de qué partido es el que habla». Alrededor del alcalde de Siero, Ángel García, «Cepi», hay aproximadamente una veintena de regidores de otros tantos concejos de toda Asturias. Son del PSOE, como él, o del PP, IU o Foro, pero cuando empiezan a desmenuzar sus problemas no se les distingue. Asienten. Si votaran, habría una unanimidad de las que la política moderna ha convertido en insólita. Están de acuerdo, pero de tanto repetirse unos a otros sus penas puede que el consenso ya ni siquiera les sorprenda. Reunidos en el primer Foro Municipalismo de LA NUEVA ESPAÑA, contaron de distintas maneras lo mismo respecto a una sensación de orfandad que salta las fronteras geográficas y obvia los límites de la política. Los obstáculos de la financiación, los de la inflación normativa y la sedimentación de trámites burocráticos, las competencias «impropias» que se les delegan y no pueden dejar de prestar y los reparos de unos técnicos con amplio margen decisorio los llevan, claman juntos, a querer y no poder ayudar, a ser la cara de la administración más próxima al ciudadano y haber incorporado demasiados impedimentos a sus intentos de resolver los problemas de sus vecinos. Aunque se enuncien igual, los inconvenientes tienen grados distintos según las áreas geográficas y el tamaño de los municipios. Pero acaso lo peor sea la impotencia ante la burocracia que expone el alcalde de Salas, el forista Sergio Hidalgo, cuando cuenta sus penas de regidor de pequeño concejo rural. 

Hay un acuerdo generalizado, empieza, en que, en un concejo demográficamente en retroceso y relativamente retirado como el suyo, lo que importa y no abunda es «gente con iniciativa, empresarios con ganas de hacer cosas». Lo malo es cuando alguno llega al Ayuntamiento, le expone su idea al Alcalde y éste tiene que guardarse la frustración para «decirle que hay que sentarse a mirar la tramitación, porque igual en dos años no hay forma de desarrollar el proyecto…» Ahí es donde el promotor se asombra, «se desespera, te cuenta que él tiene el dinero ahora, pero igual en dos años la situación ha cambiado», y al final todo se para. Queda formulada la falla universal de la burocracia que les «atenaza», la del expediente que desde Salas «tiene que viajar a Pravia, a la oficina comarcal, y de allí a Oviedo y volver… Pueden ser dos años», repite, contrariado. «Es complicado explicar eso a los vecinos». Pronto asomarán al argumento esas competencias de las que otras administraciones hacen dejación, pero que un ayuntamiento, en su condición de administración más próxima y primera receptora de las quejas de los ciudadanos, no se puede negar a prestar. Aparecen las escuelas infantiles para menores de 3 años, una atribución claramente autonómica que en la práctica y de forma anómala acaban asumiendo los ayuntamientos. Es verdad que el Gobierno regional transfiere los fondos para el personal y el mantenimiento, pero también es unánime y transversal la queja de que nunca cubre todo el coste. En este punto del lamento colectivo municipal emergen también las limpiezas de las playas y los ríos. Porque cuando hay palos, suciedad o incluso algas en las playas de Verdicio, Xagó o Bañugues, se le quejan al alcalde de Gozón, pero Jorge Suárez no encuentra dónde dice la ley de Costas que los ayuntamientos «tenemos la obligación de tener las playas como piscinas».

Los ayuntamientos tenemos menos peso del que deberíamos tener, los gobiernos regional y autonómico tienen que tomarnos más en serio

Alfredo Canteli

— Alcalde de Oviedo

Ellos atienden una ventanilla en la que se pregunta por todo, sin reparar en si el Ayuntamiento tiene oficialmente reconocida la competencia, desde «que falta el pediatra a que el avión llegó con retraso o van a quitar un apeadero del tren», sigue el regidor gozoniego. Por eso piden comprensión y atención. También económica, recordando cada vez que tienen ocasión que en el reparto de los recursos del Estado los municipios son sistemáticamente tratados como «el hermano pobre», o que las menciones recurrentes que se han hecho en los últimos tiempos a la necesidad de una reforma del sistema de financiación autonómico se olvidan de pedir el corolario paralelo de la financiación local. El inventario de las dificultades compartidas tampoco se agota en la mención de las «absolutas rigideces de la función pública». Se multiplican las referencias a las trabas que pueden poner los funcionarios habilitados nacionales haciendo uso de su extraordinario margen de maniobra para dar o no de paso las actuaciones municipales, o a lo que puede cambiar la gestión de un ayuntamiento en función de si tiene un secretario o interventor u otros. Se cuestiona el distinto nivel de responsabilidad que deben asumir los miembros de la corporación en relación con estos trabajadores, que finalmente «son los que te agilizan un ayuntamiento, te lo bloquean o te hacen vivir con el corazón en un puño», sigue Suárez, vicepresidente de la Federación Asturiana de Concejos (FACC). Todos los alcaldes saben a lo que se exponen si levantan un reparo, remata, pero «no conozco ningún habilitado que haya terminado en los tribunales...» 

No podemos seguir recogiendo ciertas migajas ni tener sólo una paguina, debemos dejar de ser el hermano pequeño del Estado

Ana González

— Alcaldesa de Gijón

Queda en la lista de cuestiones recurrentes y cuentas pendientes la colaboración. La fórmula de los consorcios funciona –los de basuras, agua, transportes– y abre un largo camino que explorar. Como respuesta a las apreturas que denuncian en sus economías, los regidores hablan también de «sinergias», de «tender puentes», de compartir para vivir mejor. El resumen de todo esto puede hacerlo Cecilia Pérez, alcaldesa de El Franco, en su condición de presidenta de la FACC. Para ser de verdad «la administración más cercana» al ciudadano, apunta, «necesitamos recursos que nos permitan ejercer nuestras competencias de forma adecuada y convertirnos en una administración moderna, ágil e integradora que favorezca el bienestar y la calidad de vida. Necesitamos que se apueste por los ayuntamientos como agentes activos de la realidad inmediata. Un nuevo modelo de administración local y una modernización y simplificación normativa serían las mejores estrategias para demostrar que se apuesta firmemente por los ayuntamientos». Sería algo así como la necesidad de llevar a la vida real el célebre reconocimiento al alcalde de «Amanece, que no es poco»: «Todos somos contingentes, pero tú eres necesario».

Qué fácil sería alcanzar acuerdos en un parlamento formado por los alcaldes y alcaldesas asturianos, a la vista del alto grado de sintonía expresado por los trece que intervinieron en el foro de municipalismo de LA NUEVA ESPAÑA. El elevado nivel de coincidencia entre los políticos responsables de «la puerta de entrada al sistema» de la ciudadanía dejó a un lado las lógicas diferencias políticas para centrarse en la respuesta a los vecinos y demandas que les plantean y en las necesidades apremiantes de sus ayuntamientos. Así, el malestar por tener que cargar con competencias que consideran impropias como, por ejemplo, la gestión del personal de las escuelas infantiles de 0-3 años, era transversal y se escuchó en alcaldes socialistas, del PP, IU y Foro, sin excepción. Algo parecido ocurrió con la reivindicación de una mejor financiación y mayor participación en la «tarta» de los ingresos fiscales, donde todos los regidores y alcaldesas piden mayor generosidad al Estado y las comunidades que se llevan la mayor parte del pastel y en mucha mayor proporción que en otros países europeos, donde los ayuntamientos reciben un tratamiento más acorde a su mayor cercanía a los vecinos. Sin ir más lejos, muchos de los munícipes presentes en el Club Prensa Asturiana asentían, plenamente convencidos, cuando el teniente de alcalde de Mieres, Manuel Ángel Álvarez, ponía sobre la mesa que «mientras las autonomías se siguen endeudando, los ayuntamientos pequeños somos los que salvamos las cuentas de España ante la Unión Europa y los que aguantamos las demandas de los vecinos». Esto se parece bastante a lo que dijo la alcaldesa de Gijón, la socialista Ana González, al hacer explícita su «reivindicación activa hacia las otras dos administraciones, que se guardan no sólo competencias, sino sobre todo el dinero de las nuestras. Y cuando empiezan los repartos económicos, resulta que no estamos en la misma posición». También el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, habló de la necesidad de tener «más autonomía y más recursos» y sacó a colación, en sintonía con sus colegas, los problemas con los que se topan muchos ayuntamientos de la región cuando deben cumplir las exigencias en materia de Patrimonio. «Hay leyes que hacen eternos los trámites y desesperan a los propios técnicos que tienen que aplicarlas. Los ayuntamientos estamos sometidos a un excesivo control, con interpretaciones rigoristas, que nos dejan en una posición de absoluta indefensión» comentó Canteli, quien también puso ejemplos de situaciones que ha vivido en los últimos cuatro años. «Llevamos años queriendo recuperar el agua en las fuentes del Campo San Francisco, pero no hemos podido hacerlo porque las condiciones que se nos imponen lo convierten en un proyecto casi imposible, lo que resulta difícil de entender porque esas fuentes históricamente siempre tuvieron agua» detalló el alcalde de Oviedo. «Y otro de mayor relevancia, cuando hace dos años nos propusimos pavimentar las calles Mendizábal y Pozos y se hizo el proyecto con granito, que es el material usado en más del setenta por ciento del casco antiguo. Pues bien, años después hemos tenido que reiniciar el proyecto porque los técnicos de Patrimonio dicen que el material que debe utilizarse es la caliza. Si algo se cae, no pasa nada, pero si quieres construir tenemos todos los problemas del mundo», lamentó Canteli, quien abogó por la necesidad de que el Principado «trabaje en establecer un marco donde se consiga el equilibrio entre el respeto al patrimonio y no obstaculizar de manera permanente el desarrollo urbano». En el otro lado de la balanza, valoró positivamente «el cambio que supone la ley de calidad ambiental, porque sin ser la panacea va a dar un giro a una legislación que suponía la traba al desarrollo de cualquier proyecto».   

Las principales reivindicaciones

Las intervenciones de los alcaldes

Las peticiones de los Ayuntamientos: más fondos y una Administración ágil que termine con trámites "desesperantes"