Sindicatos y gerencia del ERA mantienen su desacuerdo sobre las agresiones en las residencias de mayores

El problema de las agresiones en las residencias de mayores del Principado –agrupadas en el organismo ERA– mantiene en pie de guerra a los trabajadores de los geriátricos públicos. Tal y como desveló LA NUEVA ESPAÑA, en el año 2022 las denuncias por ataques de internos y familiares a residentes y personal de los centros se habían duplicado con respecto al ejercicio anterior (pasaron de 50 a 100). Los sindicatos admiten estar "muy enfadados" tras la reunión extraordinaria del Comité de Seguridad y Salud del ERA celebrada el lunes para abordar una problemática para la que exigen soluciones "tangibles" en el plazo de una semana: si eso no sucede –aseguran–, presentarán una denuncia a la Inspección de Trabajo.

Sobrevuela, incluso, el fantasma de la huelga. Aunque desde las organizaciones sindicales eviten mencionarlo abiertamente para no enfangar aún más unas negociaciones ya de por sí complejas, una fuente de la Unión General de Trabajadores (UGT) admite, cuando se le pregunta si esta posibilidad está sobre la mesa, que "se han valorado varias opciones", pero llama a la prudencia hasta conocer las medidas que proponga al respecto definitivamente la Administración.

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Las partes volverán a reunirse el miércoles de la próxima semana. Pero antes, este viernes, la gerencia del ERA se ha comprometido a remitir una nueva propuesta. La Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, de la que dependen los centros públicos de mayores, despachó la cuestión con una respuesta escueta a este periódico: "Estamos trabajando de la mano del Comité de Seguridad y Salud y será en ese marco en el que se avance".

Por el momento, sindicatos y trabajadores convienen en tachar de exiguo el protocolo de agresiones propuesto por el ERA. "Es papel mojado –sintetiza la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF)–. No recoge lo planteado en el Comité de Seguridad y Salud porque no es un protocolo específico para casos de agresiones, sino una guía interna de aplicación del procedimiento de violencia externa, es decir, que se limita a decir quién tiene que hacer qué en el organigrama del ERA".

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En el CSIF cunde el descontento porque –explican– lo planteado en la reunión del pasado lunes se limita a explicar el funcionamiento del protocolo de prevención de violencia externa, en vigor desde 2017. "Ya se debería saber cómo proceder en cada caso", lamenta una voz autorizada dentro del sindicato. "Hace un mes le dimos un voto de confianza a la nueva gerencia porque se habían comprometido a solucionarlo", profundiza la misma fuente, que afirma que el propio Enrique Rodríguez Nuño –director general de Servicios Sociales y de Mayores del Principado– les reconoció tras el encuentro del pasado lunes que el problema se había dilatado demasiado en el tiempo y que urge encontrar una solución.

No es la primera vez que la proliferación de actitudes violentas en las residencias asturianas motiva una convocatoria extraordinaria del Comité de Seguridad y Salud de la red pública de geriátricos. El pasado 4 de abril ya hubo una reunión de urgencia orientada a poner coto a la ola de agresiones. La hoja de ruta planteada al respecto por sindicatos y trabajadores afectados apenas ha variado desde entonces. Sus exigencias: aplicación de medidas cautelares y del régimen interno a los residentes agresores, apoyo psicológico a los trabajadores agredidos, que los ataques tengan consideración de accidente laboral, la implantación de interlocutores policiales sanitarios, la creación de la figura de un coordinador del ERA específico para casos de naturaleza violenta y, por último, que la acción jurídica de los empleados que decidan denunciar a su agresor sea costeada por la Administración.

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