El culebrón de Cohega: una familia a la greña, tres delitos a juicio y un descalabro económico millonario

¿Un complot urdido por familiares resentidos o la incompetencia empresarial del heredero designado por el fundador para mantener su legado? Este es el dilema que se plantea en el juicio iniciado ayer en la Audiencia Provincial de Oviedo para dirimir las posibles responsabilidades penales en el declive y quiebra de Cohega, la empresa avilesina que fundó Luis García Gutiérrez en 1977 y que tuvo renombre nacional como proveedora de piezas y dispositivos eléctricos para como Renfe, Arcelor, Saint-Gobain, entre otras muchas.

En el banquillo de los acusados se sientan la hija del fundador, Elena García Hevia; su marido y exdirector comercial de Cohega, José Aurelio Rivero Rodríguez; los hijos de ambos, Diego y Borja; y el primo de la primera y ex director de producción de Cohega, Mario Herrero Hevia. A todos ellos les acusan Alberto García Hevia –hijo de fundador de Cohega– y el Ministerio Fiscal de tres delitos: apropiación indebida, daños informáticos y revelación de secretos empresariales. Las peticiones de penas de cárcel para cada acusado suman siete años y diez meses, si bien este extremo podría variar a tenor del desarrollo de la vista oral.

El hijo del fundador, al que representa en sala el abogado Luis Tuero, explicó que a la muerte de su padre en 2016 recibió en herencia el paquete accionarial mayoritario de la compañía, lo que le convertía en el nuevo administrador virtual. Y que en el tiempo transcurrido hasta que se hizo efectivo su nombramiento el 30 de enero de 2017 sus familiares urdieron presuntamente un complot societario para perjudicar a Cohega en beneficio de otra empresa (Ribodel) controlada por su hermana y que acabó por hacerse con la cartera de negocio de la sociedad avilesina. Para eso, sostienen el querellante y la Fiscalía se habrían cometido varios delitos: apropiación indebida de maquinaria, moldes y planos (a beneficio de Ribodel), destrucción de bases de datos informáticas (para entorpecer el trabajo de Cohega) y toda suerte de artificios para derivar la carga de trabajo y la clientela de Cohega hacia Ribodel.

De todo esto habrán de presentarse pruebas ante los magistrados de la Audiencia Provincial en próximas sesiones porque lo que ayer tocó fue escuchar la versión de los acusados, bien diferente a la de las acusaciones. Con antelación a los interrogatorios, el abogado que encabeza la terna de defensores de los encausados, Francisco Pérez Platas, solicitó al tribunal la nulidad de una prueba informática (que incluye 26 correos electrónicos presuntamente comprometedores) por haber sido obtenida accediendo a cuentas particulares, lo cual habría vulnerando los derechos fundamentales (privacidad y secreto de las comunicaciones) de los acusados. También se invocó –para su exclusión de la lista de acusados– la supuesta indefensión de la que fue víctima el acusado Borja Rivero García -sobrino de Alberto García Hevia-, que pasó de tener la calidad de testigo a investigado "sin mediar explicación", según el abogado que le defiende. El tribunal juzgador, tras un receso, rechazó ambas peticiones.

Las respuestas que dieron los acusados a las preguntas de la fiscal y los abogados de la defensa –se negaron a responder al letrado de la acusación particular– dan forma a un relato que explica el ocaso de Cohega de forma totalmente diferente a como lo cuenta Alberto García Hevia, convertido en propietario por la vía testamentaria. Así, se describe al sucesor en la administración de la sociedad como una persona "carente de experiencia en el ámbito empresarial" –se refirió expresamente su condición profesional de piloto aéreo y el ejercicio de la política como concejal de Vox en Castrillón–, y fruto de esa "inexperiencia" habría venido un cúmulo de decisiones que "descabezaron" a Cohega y precipitaron su fin; por ejemplo, los despidos fulminantes del director comercial (su cuñado), del director de producción (su primo) y del director comercial junior (su sobrino, llamado a suceder a su padre en el cargo por expreso deseo de su abuelo y fundador).

El clan familiar defenestrado en Cohega, según explicaron algunos de sus miembros, analizó el cataclismo empresarial causado por su pariente y tomó una decisión: "El nuevo administrador nos despidió a todos y tuvimos que reinventarnos". Y así hicieron, valiéndose de la empresa Ridobel, que había sido fundada en 1990 como complemento de Cohega y cuyo control accionarial tenía Elena García Hevia, hija del fundador y ahora encausada. En ese sentido, su esposo y exdirector comercial de la empresa, José Aurelio Rivero, aseguró que se hizo un estudio de viabilidad, que se llevó a cabo una inversión de 2 millones de euros y que se dio formación especializada a 40 trabajadores. El resultado fue aparentemente exitoso: Ribodel ya se hizo con contratos de obra pública de los que habitualmente se llevaba Cohega a los seis meses de la ruptura de relaciones familiares. Y hoy sigue funcionando a plena satisfacción a diferencia de Cohega, cerrada y con deudas pendientes de saldar.

Todos los acusados negaron explícitamente haberse apropiado de máquinas, útiles, herramientas, planos, documentos o material informático propiedad de Cohega en beneficio de Ribodel. También negaron haber causado daño alguno a los equipos informáticos de su antigua empresa o borrado archivos de los ordenadores. Así mismo, manifestaron que en el tiempo transcurrido (seis meses) hasta que Ribodel estuvo en condiciones de competir de tú a tú con Cohega en los concursos de obra pública es "perfectamente posible" haber podido poner a punto un taller para fabricar piezas y equipos eléctricos sin falta de haber usado enseres, objetos, materiales o información confidencial procedente de Cohega.

En palabras de Borja Rivero García, sobrino de García Hevia, "no teníamos necesidad de hundir a Cohega para sacar adelante Ribodel". Su hermano, Diego, apostilló más: "El declive de Cohega, a mi juicio, tiene que ver con sus actuales gestores, no con Ribodel".

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