El heredero de la empresa Cohega se declara víctima de una "traición" familiar: "Mi padre lo dispuso todo sobre su sucesión"

El difunto fundador de Cohega, Luis García Gutiérrez, había dispuesto y comunicado a su círculo íntimo que a su muerte le sucediera como administrador de la empresa su hijo Alberto García Hevia, que su sobrino Mario Herrero Hevia continuase haciendo las veces de director de producción, que su yerno José Aurelio Rivero Rodríguez hiciera lo propio como director comercial y que su hija Elena García Hevia se quedase con otra empresa familiar, Ribodel, con sede en Llanera. Y en tal sentido dispuso en su testamento que heredase su paquete accionarial mayoritario en Cohega su hijo varón.

Esto que antecede fue, al menos, lo que declaró ayer en la Audiencia Provincial Alberto García Hevia, que acusa a cinco familiares (su hermana, su cuñado, dos sobrinos y un primo) de haber urdido un plan para –a diferencia del deseo póstumo de su padre– perjudicar a Cohega hasta el punto de hundirla y aprovecharse de ese declive en beneficio propio a través de la sociedad Ribodel. A este respecto, la declaración que hizo el martes el acusado Mario Herrero Hevia confirma que el difunto Luis García Gutiérrez expresó su voluntad de legar a su hijo, Alberto García Hevia, el control de Cohega y que por eso a nadie le sorprendió, vino a decir, el contenido de su testamento.

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Pero las cosas, al parecer, se torcieron cuando murió Luis García (en julio de 2016), o al menos eso declaró ayer su hijo en sede judicial: "Mi hermana impugnó el testamento y puso todo tipo de trabas en el proceso de legado. A los tres meses de morir mi padre tuvimos una reunión familiar y ahí se rompió definitivamente el pacto de sucesión; llegaron a echarnos de la casa. Fue por esas tensiones por las que transcurrieron seis meses entre la muerte de mi padre y la celebración de la junta de accionistas en la que resulté nombrado nuevo administrador de Cohega por mayoría [la que le daba su paquete accionarial]".

El nombramiento de Alberto García Hevia como administrador se produjo el 30 de enero de 2017, pero no sería hasta el 13 de febrero de ese año cuando pudo acceder físicamente al interior del taller de Cohega, sito en la ría de Avilés. Un exempleado, E. M. A., declaró ayer que existió una orden expresa del entonces director comercial y cuñado del querellante, de impedir la entrada en las instalaciones a Alberto García Hevia.

Lo que se encontró el nuevo dueño al entrar, según describió ayer ante los magistrados, fue "una empresa arrasada, carente de historial informático [presuntamente borrado] y en la que faltaban moldes, máquinas y otros utensilios imprescindibles para su actividad [de los que presuntamente se habrían apropiado los acusados]". Ocho trabajadores declararon ayer en calidad de testigos y del testimonio de seis se deduce que, efectivamente, hubo un borrado total de ordenadores de Cohega (discos duros de seguridad incluidos) y que desapareció utillaje importante para la producción. Lo que nadie logró aclarar fue quién o quiénes ejecutaron el borrado informático y dieron órdenes de sacar del taller el utillaje. Tampoco dónde acabaron esos objetos: el transportista que supuestamente hizo alguno de los portes dijo "no recordar" ese detalle.

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