"Dallas" a la avilesina: juzgan a cinco socios de un taller eléctrico por urdir un complot para perjudicar a la compañía cuando pasó a manos del hijo del fundador

Rencillas familiares, una herencia con sorpresa, espionaje industrial, maniobras por la espalda, venganzas, y mucho dinero en juego. Con estos mimbres se teje la historia del declive de la empresa avilesina Cohega, en su día un referente nacional en el sector eléctrico y contratista de obra para grandes compañías como Renfe. De cómo la boyante Cohega pasó del todo a nada tras la muerte en el año 2016 de su fundador, Luis García Gutiérrez, se hablará a partir de hoy en el juicio señalado en la sección segunda de la Audiencia Provincial de Oviedo para determinar el grado de culpabilidad de cinco personas –la hija del fundador, su marido, dos nietos y una quinta– en un presunto complot societario urdido para perjudicar a Cohega en beneficio de otra empresa, controlada por la hija, y que acabó por hacerse con la cartera de negocio de la sociedad avilesina.

Del relato del Ministerio Fiscal se desprende que Cohega, constituida en 1977, tenía un capital social dividido entre seis socios: el propio fundador (en calidad de mayoritario), su hija, su yerno (a la sazón director general), sus dos nietos y la persona que hacía las veces de apoderado. Luis García Gutiérrez falleció en 2016 y dispuso en su testamento legar a su hijo –ajeno hasta ese momento al consejo de administración de Cohega– todo lo relativo a la participación y derechos que a él le correspondieran de las acciones de la mercantil.

Tras el fallecimiento del fundador y ante la falta de administrador, prosigue el relato de Fiscalía, fueron dos de los acusados los que ejercieron el control y dirección efectiva de la empresa, gracias al apoderamiento que poseían. Fue convocada una junta general extraordinaria de accionistas el 30 de enero de 2017 para la designación del nuevo administrador, que resultó ser el hijo que había heredado el paquete accionarial de su padre, quien el 1 de febrero de 2017 procedió a revocar todos los poderes que poseían los anteriores administradores circunstanciales.

Los delitos que el fiscal atribuye a los cinco socios –apropiación indebida, daños informáticos y revelación de secretos empresariales– guardan relación con un supuesto plan preconcebido "para perjudicar gravemente los intereses económicos de la sociedad y beneficiar a otra empresa propiedad de los acusados" y con sede en Llanera. Una empresa que también trabaja para el sector eléctrico y que, en un momento dado, entró en competencia con Cohega, y valiéndose supuestamente de materiales, útiles, moldes, planos y utillaje vario sacados de la propia empresa avilesina acabó por hacerse con su cartera de clientes. Para ello, dice el fiscal, "dos de los acusados aprovecharon el cargo que desempañaban [en Cohega] para sacar de la empresa objetos relacionados con la producción". También se acusa a los socios de haber borrado bases de datos con la presunta idea de boicotear las relaciones mercantiles de Cohega.

Por todo esto, el Fiscal pedirá en la vista oral una condena para cada uno de los acusados y por cada uno de los delitos de dos años y seis meses (dos años y diez meses por el delito de revelación de secretos), más el pago de una indemnización pendiente de determinar pero equivalente al perjuicio millonario causado.

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