Imponen al exedil de Vox el pago de costas por la demanda del Ferrota

Alberto García Hevia tendrá que hacer frente a las costas por presentar la demanda por supuestas irregularidades contables tras el sobrecoste del Ferrota, que no fueron tales. El Tribunal de Cuentas no especifica cantidad pero sí deja claro que el exedil de Vox de Castrillón "mantuvo su pretensión procesal pese al criterio desfavorable a la concurrencia de responsabilidad contable manifestado por el delegado instructor de las diligencias previas, el Ministerio Fiscal y el Ayuntamiento". Y además, continúa el Tribunal, "mantuvo su pretensión después de conocer el contenido de las contestaciones a la demanda y de los documentos que la acompañaban". Esas cuestiones, prosigue el Tribunal de Cuentas, motivaron que generara unos costes económicos y molestas procesales innecesarios a los demandados.

García-Hevia pedía que cinco ediles del gobierno local (Yasmina Triguero, Laureano López Rivas, Mar González, Eva Menéndez, Angélica González e Iván López) y tres funcionarios fueron declarados responsables contables, directos y solidarios de un alcance de casi 900.000 euros. "Sufrimos un hostigamiento, claro y continuado, un daño personal, económico y político", señaló la alcaldesa en funciones, quien afirmó después que los diez denunciados tenían claro que el exedil de Vox debería ser condenado en costas como ocurrió incluso después de que García-Hevia desistiera de continuar con el procedimiento.

"Iba contra nosotros y los técnicos", resumió la socialista Angélica González. A su lado, Eva Menéndez, de Podemos, remarcó que el exedil de Vox "tiene que llevar su castigo, el más alto posible" por iniciar un proceso "en el que no había nada". Laureano López Rivas, de IU, remarcó que el objetivo de García Hevia era "agredir a lo que él llamaba el socialcomunismo bolivariano". "Pero no solo ha hecho daño político, económico y personal, sino también ha perjudicado a la ciudadanía porque esas demandas han afectado a los trabajadores municipales".

Triguero avanzó que este tipo de acciones legales "es un mal para la democracia. Es no jugar limpio". "La política no es dañar sino construir", lamentó la regidora en funciones.

Este proceso comenzó en 2019 cuando el entonces edil de Vox interpuso un recurso de reposición a la modificación de contrato, pero fue desestimado y el acto acabó siendo firme de pleno derecho al no haber presentado después un recurso contencioso administrativo. Después interpuso denuncia penal ante Fiscalía, que acabó archivada en 2020. A continuación presentó al Tribunal de Cuentas una denuncia que deviene en un proceso de diligencias preliminares que concluye que no hubo irregularidad alguna. Y ahora, ese mismo Tribunal le condena en costas "que serán miles de euros" y todo por denunciar irregularidades por el sobrecoste en las obras del campo de fútbol de Ferrota.

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