El candidato socialista a la Alcaldía de Llanera, Gerardo Sanz, ha acusado al alcalde en funciones, José Avelino Sánchez (PP), de utilizar "el chantaje y el miedo" en el asunto de la empresa Aqualia, después de que la firma solicitase la rescisión de contrato de la piscina del Complejo Deportivo Santi Cazorla y una indemnización de 4,5 millones.

Una vez conocida esta resolución, Sánchez había acusado a la oposición de provocar la situación al forzar al municipio acudir a los tribunales para no pagar varias de las indemnizaciones que había exigido la empresa por pérdidas en el servicio. El regidor vaticinaba que los vecinos de Lugo iban a quedarse sin piscina y que los trabajadores del centro deportivo perderían su empleo.

Ante estas declaraciones, Gerardo Sanz le afeó al alcalde en funciones que, "en lugar de optar por la defensa de los intereses de todos los vecinos", volviera "a erigirse en portavoz de la empresa, y a defender a cara descubierta lo que no es más que un saqueo de las arcas municipales, en una actitud de sospechosa connivencia con Aqualia". Sanz subrayó que "tuvo que ser la oposición municipal la que llevara el asunto a los tribunales y salvara los intereses de todos, frente a los de unos pocos, es decir, frente a los de la empresa y el alcalde".

Para el socialista, la nueva estrategia "seguramente diseñada a dos bandas, cojea de una pata fundamental, y esa no es otra que el hecho de que, si la empresa no alcanza el umbral de beneficio esperado, no se debe a que el Ayuntamiento haya modificado las condiciones del contrato".

Por otra parte, señaló que el reequilibrio económico al que alude la empresa para solicitar las indemnizaciones "es un asunto que ya ha quedado suficientemente aclarado en cuatro sentencias judiciales, dos de ellas del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, todas contrarias a las peticiones de Aqualia".

Esta nueva intervención de José Avelino Sánchez "como portavoz de la empresa Aqualia" confirma "de nuevo las sospechas que el PSOE siempre manifestó acerca de la extraña relación entre el alcalde y Aqualia. Una empresa que, hay que recordar, llegó a Llanera en 2007 de la mano de Avelino y que ahora parece que lo que pretende es irse con él".

Por otra parte, el abogado Gerardo de la Iglesia, que fue quien defendió al Ayuntamiento de Llanera en los pleitos que ganó a Aqualia, indicó que no ha quedado constancia en ningún sitio de las pérdidas que la empresa afirma que tiene. "Al contrario, lo que se ha acreditado en los pleitos es justo lo contrario". aseguró.

El letrado sostuvo que este tipo de contratos "se rigen por el principio de riesgo y ventura del contratista, y la empresa debe asumir las consecuencias" si sus propios estudios de viabilidad económica no se correspondieron con la realidad posterior.

Por otra parte, De la Iglesia manifestó que el concesionario nunca tiene derecho a la resolución contractual, y que es el Ayuntamiento de Llanera el que tiene la potestad, con lo cual está en manos del municipio tomar la decisión. Por otra parte, agregó que no se puede achacar a la oposición nada de lo que haya ocurrido con Aqualia. "En todo momento fue una cuestión del Ayuntamiento de Llanera, no de la oposición", sostuvo.

Por último, el abogado defendió la independencia de su despacho después de que el regidor lo acusara de ser el abogado de cabecera del PSOE. "Nosotros hacemos nuestro trabajo independientemente de la siglas de quien nos llame", concluyó.