Madrid, Modem Press

Cuando apenas faltan dieciocho meses para su conclusión, la aplicación del Plan del carbón 2006-2012 lleva camino de producir en el sector un ajuste muy superior al que pactaron y firmaron en marzo del 2006 el Ministerio de Industria, los sindicatos FITAG-UGT y la Federación de Industria de CC OO, y la patronal minera, Carbunión. Únicamente en materia de personal, el desajuste de empleo arroja un déficit de 1.700 contrataciones. En este sentido, la situación, aunque en menor porcentaje, es similar a lo que sucedió con el anterior Plan minero (1998-2005), que finalizó con apenas 9.800 trabajadores (en las plantillas matrices de las empresas) y con una producción total en el sector de 12,3 millones de toneladas, cuando lo firmado en 1998 con el primer Gobierno de Aznar y siendo Josep Piqué Ministro de Industria era una plantilla total de 13.000 trabajadores y 13 millones de toneladas de carbón extraídas en el año 2005.

Con esta situación de partida, el acuerdo alcanzado en 2006 y firmado por el entonces Ministro de Industria, José Montilla, sindicatos y empresarios, fijaba que el 31 de diciembre del 2012 los trabajadores del sector debían de ser 5.302, para una producción total de hulla, antracita y lignito negro de 9,2 millones de toneladas. La realidad, sin embargo, como se pudo corroborar el pasado martes a través de los datos oficiales que el gerente del Instituto del carbón (IRMC), Pedro Viar, ofreció a los interlocutores sociales, es mucho más cruda para la minería española que, una vez más, va a soportar un ajuste mucho mayor al previsto. Y es que a día de hoy en el conjunto del sector trabajan (siempre sin tener en cuenta a las subcontratas) 4.342 personas (2.000 en Hunosa), que producen 8,55 millones de toneladas (800.000 aportadas por Hunosa). Según la hoja de ruta del sector estos parámetros deberían de estar en el entorno de los 6.000 trabajadores y 10 millones de toneladas. Es más, las magnitudes ya son, a falta de año y medio para que el Plan finalice su vigencia, sensiblemente inferiores a las fijadas para esa fecha y ya existe un déficit, en comparación con las cifras pactadas para final del próximo año, de 1.000 empleos y 700.000 toneladas.

Las causas de este importante desvío son varias, pero lo cierto es que las empresas, excepción hecha de la estatal Hunosa, no han cumplido con su compromiso de contratar a cuatro trabajadores por cada 11 bajas (incentivadas y prejubilaciones). De hecho todavía, con el plan ya en su recta final, no se han fijado siquiera los criterios para incorporar a estos nuevos trabajadores. Igualmente, la profunda crisis que ha vivido el sector en 2009 y 2010, la más grave de su historia y de la que aún hoy a duras penas está saliendo tras llevar al 60% de la plantilla del sector a sufrir expedientes de regulación de empleo, ha sido un grave inconveniente para que se cumplan las recolocaciones previstas.

Por otro lado, la crisis del sector ha sido también la causante de que la producción descendiese más de lo pactado. En febrero de 2010, las empresas privadas y el Ministerio de Industria alcanzaron un acuerdo para que Hunosa pagase el carbón que compraba a las compañías privadas para el Almacén Estratégico Temporal de Carbón Autóctono (AETC) un 2,5% más caro que en el ejercicio anterior, a cambio de que las empresas disminuyesen, «de manera excepcional», la producción durante el pasado ejercicio. Sin embargo, esa excepcionalidad alcanzó la normalidad cuando en diciembre del pasado año Industria publicó la resolución para las ayudas a la producción que las empresas iban a recibir en 2011, asumiendo ya también para este año la reducción de la producción que, en vez de 10 millones de toneladas pasó a ser de 8,8. De hecho, las ayudas a la producción que debían de ser de 324 millones de euros en el año 2012, apenas han alcanzado en este ejercicio del 2011 los 300 millones.

Las organizaciones sindicales exigen al Gobierno el cumplimiento íntegro del Plan 2006-2012. Reclaman cláusulas correctoras de cara al año 2013, que será clave para el futuro de la actividad si la decisión adoptada en diciembre del pasado año por la Unión Europea no se modifica. Y es que ese año se deberá de producir, según el acuerdo antes mencionado, la reducción del 25% de las ayudas públicas que recibe un sector que, a día de hoy, no puede vivir sin ellas. Un sector que, por otra parte, desde el inicio del primer plan minero, en enero de 1998, hasta hoy ha perdido 20.000 trabajadores y produce 8,5 millones de toneladas menos.