El Pleno del Ayuntamiento de Sobrescobio, en el que el PSOE gobierna con mayoría absoluta, debatirá hoy la rescisión del contrato de concesión de explotación del manantial de agua mineral a la Unión Temporal de Empresas (UTE) Aguas de Comillera por incumplimiento del pliego de cláusulas administrativas. La revocación del contrato se debe a los impagos acumulados por los promotores de la embotelladora, que ni siquiera habían comenzado a construir la planta en el polígono de Comillera. Una de las posibilidades que se barajan es que se dé un último plazo a la empresa para que abone la deuda antes de ejecutar la rescisión. El alcalde, Marcelino Martínez, prefirió no pronunciarse hasta que pase el Pleno.

La UTE (unión temporal de empresas) que promueve el proyecto está formada por Capital Water S. L. y Professional Water S. L. Esta última firma está estrechamente vinculada a una planta embotelladora de agua en Fontedoso (Ávila), que está en liquidación. El proyecto del polígono de Comillera tenía una inversión de 3,7 millones de euros. La adjudicataria obtuvo el contrato para explotar el manantial de Comillera y hacer la embotelladora tras superar la aportación mínima establecida en el pliego de condiciones fijado por el Ayuntamiento. El compromiso era pagar 15.100 euros anuales de canon fijo, a los que habría que añadir otros 0,51 euros por cada metro cúbico de agua mineral que se usara en la planta. Se preveía que inicialmente la embotelladora ofreciese trabajo a nueve personas.

Ovidio Zapico, edil de IU, criticó la "mala gestión" del gobierno local que "utilizó el proyecto de la embotelladora con fines electoralistas". "La deuda procede de los 45.300 euros de tres años del canon fijo que están sin pagar. Por la información que tenemos quieren darles un plazo de 20 o 30 días para que paguen la deuda. Si no, se ejecutará la rescisión", apuntó Zapico.

Por su parte, Ramón Meana, secretario de la junta local del PP de Sobrescobio, vinculó la principal problemática con el impago del permiso de obra, cuyo plazo ya ha expirado. "En enero el gobierno local dijo que el plazo estaba todavía en vigor y no era verdad. Habrá que ver si realmente se ejecutan los avales bancarios", apostilló.