Un parque a la deriva: el espacio de las Ubiñas-La Mesa, protegido en 2006, lleva quince años sin un plan de gestión estable

Un parque natural totalmente a la deriva. Es espacio de las Ubiñas-La Mesa -con territorios de Lena, Quirós y Teverga-, protegido oficialmente desde el año 2006, solo tuvo un instrumento de gestión estable durante tres años. Los planes para dar "contenido" al parque natural de las Ubiñas-La Mesa fueron anulados judicialmente, en dos ocasiones, tras sendas denuncias vecinales. El principal motivo fue el mismo en las dos ocasiones: la falta de una memoria económica. Una de las consecuencias de esta situación, además del "descontrol" en el espacio -sobre el que han llamado la atención ya los ecologistas-, es que los vecinos no pueden acceder a ayudas por vivir en zona de especial protección. Estiman que se ha obstaculizado ya la llegada de más de dos millones de euros.

El instrumento de gestión del parque, da igual como se nombre, es el "corazón" de un espacio protegido. La sala de máquinas para que todo funcione: establece el nivel de protección en cada zona, los pasos cerrados y abiertos, el hábitat presente en el parque; en definitiva, toda la información relativa a la correcta conservación de un espacio natural.

Un "circuito de motocross" en un parque natural: vecinos de las Ubiñas denuncian rutas de moto ilegales por el espacio protegido

El primer documento, aprobado con la protección del parque, fue el Plan Rector de Uso y Gestión del parque natural de las Ubiñas-La Mesa. Fue denunciado por los vecinos de Páramo, en Teverga, tras el estallido de la gran crisis económica de 2009. ¿La razón? La falta de una memoria económica detallada en el documento impedía la asignación presupuestaria al parque. Hasta entonces, desde la protección hasta la primera denuncia, el Principado había hecho llegar fondos de forma regular al espacio protegido a través de una serie de líneas que se vieron muy afectadas durante la recesión.

La batalla judicial fue dura. En 2013, el Principado de Asturias consiguió una sentencia a favor en el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA). Como David contra Goliat, los vecinos de Páramo siguieron adelante con su reclamación en las sedes judiciales. Llegaron hasta el Tribunal Supremo, que terminó por darles la razón en el año 2015. El Supremo consideró "esenciales" para la validez y legalidad del PRUG una serie de procedimientos con los que no se había cumplido. Es el caso, además de la ya citada memoria, destacó la falta de un informe de la Junta del Parque sobre su declaración, así como el de participación ciudadana en los asuntos públicos".

Esta primera lucha judicial dejó al parque tambaleándose ya que, en distintas fases del proceso, fue imposible la aplicación del plan de gestión. Sí es cierto que los responsables regionales no estuvieron de brazos cruzados: mientras el caso se dirimía en los juzgados, iniciaron la tramitación de un nuevo instrumento. Esta vez, bajo la nomenclatura ya de Instrumento de Gestión Integral (IGI). En cuanto llegó la victoria judicial para Páramo, los vecinos anunciaron ya que este nuevo plan seguiría el mismo camino: "Tiene los mismos defectos (que el PRUG), y algunos más", anunciaron.

Sin planes

Esta reclamación, al menos fue más corta. En 2016 -solo un año después de la sentencia del Supremo sobre el PRUG-, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias tumbó el IGI. La respuesta de los responsables regionales fue rápida: iniciarían de forma inminente los trámites para cumplir con lo dictaminado por la justicia. "Nos ceñiremos a acatar la sentencia", replicaron desde el Principado cuando la parroquia de Páramo se ofreció a "negociar".

Y hasta hoy. A lo largo de los últimos siete años, se han producido distintos anuncios sobre el IGI. En un primer momento, se plantearon cuestiones como el cierre definitivo al paso de Sama-Velilla por la zona o la licencia para "vivaquear" durante la noche. También prestaba especial atención a los animales, tanto salvajes como domésticos. Cuestiones que, en este momento, tendrían que ser ya revisadas por el paso del tiempo.

"Sentimos que hay una total falta de atención al parque", denunciaron los vecinos a principios de esta semana. Lo hicieron tras poner la vista en el paso de rutas de motocross ilegales por espacios protegidos. Porque les importa el entorno y también la economía familiar. Llevan quince años sin poder acceder a ayudas para facilitar la vida en el parque -como, por ejemplo, para arreglar los tejados según la normativa para espacios protegidos-. Afirman que calcular exactitud los fondos que se han obstaculizado es "casi imposible" por las distintas líneas: regionales, municipales y europeas. Estiman -y reiteran que es solo aproximado- que han dejado de percibir en torno a dos millones de euros.

Suscríbete para seguir leyendo