El debate que mañana se abre en el seno de Clas sobre la reforma societaria o no de esta organización de espíritu cooperativo tiene dos versiones antagónicas.

Los sectores que se oponen a la transformación de Clas en una sociedad limitada (S. L.) interpretan el proyecto como una lucha interna por el poder y por el control del mayor grupo lácteo español por volumen de producción, que sólo sería totalmente dominable si la mayoría accionarial de control de CAPSA, hoy en poder de una SAT, pasa, por transformación de ésta, a una sociedad mercantil convencional cuyas acciones (en este caso, participaciones) sean libremente transmisibles.

Por el contrario, el llamado sectorial oficial, que impulsa la reforma, asegura que la operación no tiene otra finalidad que solventar los graves problemas legales en que se haya sumida Clas y que, de no ser resueltos, podría abocar a su disolución por vía judicial. Añaden que la reforma, amén de garantizar la viabilidad jurídica, facilitaría la expansión y crecimiento del grupo, factor crucial para asegurar la supervivencia empresarial, sostienen, en un sector en el que es obligado ganar dimensión para compensar el creciente recorte de rentabilidad.

El entendimiento se ve dificultado porque el sector crítico, disconforme con la gestión del primer ejecutivo del grupo, Pedro Astals, ve tras esta propuesta un supuesto intento del consejero delegado de la organización de limitar el poder de sus opositores y de relativizar el peso de los socios de Clas en la futura composición accionarial de CAPSA.

En la medida en que muchos socios pasivos (hoy lo son 6.190 de los 7.470 socios de Clas) optaran por vender sus títulos una vez que sean libremente transmisibles (lo que en la actual Clas es imposible, salvo vendiéndolos a la propia sociedad), el control del mayor accionista de CAPSA pasaría a manos de quien se hiciera con esas participaciones. Bertino Velasco, presidente y principal defensor del proyecto de refundación de Clas, asegura que si tal cosa ocurriera no tendría por qué producirse una pérdida de la mayoría asturiana de CAPSA, toda vez que Cajastur y Caja Rural, socios de Clas y accionistas de CAPSA, se han brindado a comprometerse activamente como socios de referencia.

Las razones legales que se esgrimen para impulsar la refundación son cuatro. Una es la presencia (y además muy mayoritaria) de socios pasivos (no productores de leche) en Clas, lo que se juzga incompatible con la ley que regula las SAT. Otra es que los socios que deseen vender su participación en Clas deben hacerlo (según los estatutos) a la propia Clas y al valor teórico contable, muy inferior al real, lo que vulnera, se dice, la doctrina del Tribunal Supremo. La tercera razón es que los pasivos, siendo mayoría en número y capital, tienen una presencia minoritaria en los órganos de decisión. Y la cuarta, que su remuneración se ve dañada porque Clas destina parte de sus recursos a primar la leche que aportan los socios activos.