La defensa del industrial leonés asentado en Asturias tiene varias líneas argumentales para intentar evitar la condena del imputado. Una primera ha sido pedir la inhibición del Juzgado de Orihuela para que sea la Audiencia Nacional la que sea competente en el caso, ya que fue una investigación iniciada en el Levante la que acabó con las detenciones, pero la principal parte del trabajo de la guardia civil fueron actuaciones practicadas en Asturias y Galicia y con una implicación de más comunidades autónomas ya que la droga iba a ser distribuida por todo el país.
El abogado Francisco Miranda pide también la nulidad de todo el procedimiento al haber partido de una autorización judicial de escuchas telefónicas que no estaba bien fundadada, pese a que se saldó con una operación contrastada. "El éxito de la investigación tampoco puede convalidar lo que en sus raíces nacía podrido: se trata de un juicio ex ante", sostiene el letrado.
También discrepa la defensa de lo más importante: las tesis de la fiscalía sobre el conocimiento y la importancia que tenía en la operación al industrial leonés y sus empleados en Asturias. Según su criterio "no queda acreditado que fuera conocedor de la ilegalidad de la mercancía importada. No existe ni una sola conversación de la que el tal conocimiento se pueda derivar", explica el abogado.
Sólo se le atribuye, dice en su escrito al juzgado, una reunión con los principales cabecillas de la operación de drogas, el responsable del negocio en Galicia y el representante del cártel paraguayo, "pero esa reunión, como tantas otras que los empresarios mantienen en busca de proveedores y clientes, no tenía por qué evidenciar ilegalidad alguna que pudiera poner sobre aviso" al industrial.
La operación que acabó con el frustrado cargamento de cocaína recibió el nombre de "Alibavaria" y las pesquisas se iniciaron en el último trimestre de 2013, aunque no fructificaron en detenciones hasta noviembre del año 2014.
