La nueva ley de Contratos del Sector Público, que traspone al ordenamiento jurídico español las directrices europeas en materia de contratación, entra en vigor este viernes. Una fecha clave que tiene al gobierno y al personal del Ayuntamiento de Gijón en cursos de formación, repartiendo nuevos pliegos modelo de contratos y agilizando licitaciones para evitar tener que rehacer expedientes que ya estaban en previsiones. Sólo ayer, el Boletín Oficial del Principado de Asturias publicitaba cinco anuncios del Ayuntamiento de Gijón sobre contrataciones y había convocatoria de consejos de administración de la Fundación Municipal de Servicios Sociales y las empresas municipales de Aguas (EMA) y transportes (Emtusa) para dar luz verde a importes contratos por su contenido y por su envergadura económica.
Esta avalancha de contratos coincide también con una marejada política de fondo en el Ayuntamiento. Gobierno y oposición han convertido el área económica en campo de batalla. Dos frentes: la necesidad de modificaciones presupuestarias en un año de prórroga y la exigencia de un plan económico-financiero ante el incumplimiento de la regla de gasto del año 2017. En ese contexto tienen especial incidencia estas autorizaciones de gasto.
Servicios Sociales repetía ayer debate sobre el contrato para el servicio de ayuda a domicilio, después de paralizar su votación el pasado miércoles. Día en que sí se dio el visto bueno al contrato del servicio de teleasistencia domiciliaria con un valor total de 2,4 millones de euros. El reajustado contrato de ayuda a domicilio votado y aprobado gracias al voto de calidad de la presidenta de la entidad tiene un valor global -al sumar todas las prorrogas y llegar a cuatro años y medio de duración- de más de 20,7 millones de euros.
A la Empresa Municipal de Aguas (EMA) se presentó la licitación del pozo de tormentas del Arbeyal con un presupuesto de unos 10,7 millones y los consejeros de la Empresa Municipal de Transporte Urbano (Emtusa) vieron dos contratos: uno para la red de recargas de tarjetas por 210.000 euros y otro para la compra de una herramienta informática para planificar servicios y turnos de trabajo por 310.000 euros. Ambos aprobados. El primero con las abstenciones de UGT, Comisiones Obreras, Xixón Sí Puede y Ciudadanos y el segundo con la abstención de PSOE y Xixón Sí Puede y el voto en contra de UGT.
Emtusa también tiene en marcha desde hace un tiempo la contratación de cuatro autobuses de doce metros con un presupuesto máximo de licitación de 940.000 euros. En la tercera gran empresa municipal -Emulsa- se daba luz verde hace pocos días a media docena de contratos de suministros por una cuantía de unos 2,3 millones. Divertia también reunió a sus consejeros hace días para aprobar contratos vinculados a los fuegos del verano, las fiestas populares y los incentivos a congresos y volverá a reunirlos hoy para seguir votando.
No son los únicos ejemplos de esta gran actividad contratadora. La Junta de Gobierno aprobaba en su última reunión el contrato para las obras de conservación y mejora de la infraestructura viaria por una cuantía total de 13,5 millones. Y también están en periodo de recepción de ofertas desde hace unos días dos concesiones muy singulares: la del Acuario de Poniente y la del restaurante de "reconocido prestigio" en el Pueblu d'Asturies. Además, desde el Centro Municipal de Empresas se acaba de poner en marcha por el procedimiento abierto el suministro y puesta en servicio de una herramienta de análisis inteligente de datos. Tiene un presupuesto de 200.000 euros pero la gran diferencia es que se trata del primer ejercicio de compra innovadora que se hace desde la Administración local. Aquí de lo que se trata no es de comprar un producto. Es de comprar una idea.
Los cambios que incorpora la nueva ley son sustanciales, empezando por la eliminación de la primacía de la oferta económica más baja en favor de criterios de calidad y la relación de esa calidad con el precio. Además se impone como obligatoria la inclusión de una de las denominadas condiciones especiales (cláusulas sociales, laborales, medioambientales...) y se exige una consignación detallada de los elementos que conforman el presupuesto base de licitación para garantizar que se afine al máximo. Entre las novedades de la nueva normativa destaca que se minimiza la burocracia para los licitadores, se mejora el acceso para las pymes, se prohiben las indemnizaciones por expectativas de mercado no cumplidas, se crea la figura del funcionario responsable del contrato y se exige publicitar la totalidad de los contratos menores.
