Fernando Palao informó a la ministra Álvarez de la reunión tras la que El Musel pagó sobrecostes

La ministra de Fomento en el primer Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, Magdalena Álvarez, estuvo al tanto de la reunión convocada en la sede de su departamento por el entonces secretario general de Transportes, Fernando Palao, entre altos ejecutivos de las constructoras que integraban la UTE Dique Torres (que ejecutó la ampliación de El Musel), el presidente de Puertos del Estado, Mariano Navas; y los presidentes y director del Puerto en aquella época, Fernando Menéndez Rexach y José Luis Díaz Rato. Una cita que, según la Fiscalía Anticorrupción, propició que, al mes siguiente, la Autoridad Portuaria comenzara a pagar sobrecostes de la obra.

"Hablé de esto con la señora Ministra, de los problemas que había porque me lo preguntó. Porque en los recortes de prensa de todos los días aparecían informaciones que, como es lógico, a la Ministra le preocupaban y el primer colaborador suyo en esta materia era yo", afirmó ayer Palao, a preguntas del fiscal, en la tercera sesión del macrojuicio por el supuesto fraude en torno a la ampliación del puerto gijonés, que se está desarrollando en la sala que tiene la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid), en un caso con 21 acusados. Una conversación que dio a entender que se produjo tras la reunión que él convocó de manera preventiva al esperar que Magdalena Álvarez le sacara el tema.

El fiscal Miguel Serrano Solís se encargó ayer de recordar a Palao que, poco después de la reunión de alto nivel de marzo de 2006 promovida por él, el comité de gerencia de la UTE reflejó en una de sus actas que el Puerto había "flexibilizado" su postura anteriormente contraria a asumir sobrecostes. De hecho, en abril comenzó a pagarlos. Palao negó tajantemente que eso se decidiese en la reunión en el Ministerio, en la que dijo que se habló de los problemas de la obra, "pero no de la solución". El encuentro se produjo en un momento en el que la obra, que había comenzado en febrero de 2005, apenas había avanzado al no poderse explotar las dos canteras previstas, la de Aboño y la de Perecil 2, teniendo que recurrir la UTE a canteras más caras y alejadas.

Palao negó ayer que se tomara decisión alguna respecto al pago de sobrecostes en aquella reunión informal en su despacho, cuyos asistentes forman parte de los acusados que ahora se sientan en el banquillo. "La motivación fundamental era obtener información de primera mano para poder responder en detalle a la pregunta previsible de la Ministra, lo que me interesaba de la reunión era obtener la información detallada de lo que la Ministra pudiera plantearme al día siguiente en los despachos ordinarios que yo podía tener con ella para analizar problemas políticos, etcétera", repitió una y otra vez al fiscal sobre la cita en la que, entre otros, participaron altos ejecutivos de los grupos ACS, FCC y OHL. A preguntas de su abogado, añadió que a la Ministra "le preocupaba que no se pudieran obtener los fondos europeos (para la obra), que una obra tan importante como la de Gijón tuviera problemas y también el debate público que se abría en términos políticos, porque había un debate político" en torno a la obra.

Palao reiteró que, en la reunión, "no se me planteó ninguna propuesta concreta sobre incremento de precios", ni se habló sobre el modificado que a la postre se haría para incrementar el presupuesto en 216 millones de una obra adjudicada en 499. Sí señaló que otro de los objetivos de esa reunión era "crear un clima adecuado para que las partes, que eran la Autoridad Portuaria y la UTE, llegaran a un acuerdo que resolvería todos los problemas", evitando perder los 247,5 millones de fondos europeos por incumplir el plazo de la obra.

Antes de la reunión, Palao –según afirmó– estaba al tanto de los problemas en la obra de El Musel a través de Mariano Navas, con quien despachaba frecuentemente y del que dijo que era su "asesor en materia portuaria". Aunque Palao no tenía competencias en la materia le preguntaba por "el interés informativo para atender las responsabilidades políticas de la Ministra". Palao, que fue alto cargo con cuatro ministros, llegando a ser Secretario de Estado, también fue el presidente de El Musel anterior a Rexach.

Ante la pregunta del fiscal de cuál fue en aquella reunión la posición de los directivos empresariales sobre los problemas de plazos y de aportación de materiales para la obra, respondió que dijeron que "no podían desarrollar las obras en la forma en la que habían planteado en su oferta", pero que "no se habló de precios". Mariano Navas contradijo a Palao, señalando que sus despachos frecuentes eran para que Palao le asesorara sobre la elaboración de un anteproyecto de ley para unificar el sistema tarifario de los puertos. Incluso negó conocer quiénes iban a acudir a la reunión de alto nivel en el despacho de Palao, algo que se descubrió al figurar los nombres en su agenda de Puertos del Estado, lo que atribuyó a la meticulosidad de su secretaria. Añadió que, en aquella reunión, no abrió la boca. También negó, en contra de lo que dijeron los directivos de El Musel, que Puertos del Estado tenga derecho de veto en el Consejo del Puerto, salvo para autorizar su participación en sociedades mercantiles. Señaló que el Puerto de Gijón tenía autonomía de gestión e incluso dijo que se ha enterado de "más del problema de Gijón por la prensa y por lo que me dijo mi abogado que en aquel momento". "Mis competencias en materia de obras portuarias eran cero patatero", indicó.

Ayer también declaró Ana Dizy, que fue la primera gerente de la UTE. Desveló que, en la primera reunión de la UTE con el exdirector del Puerto y de la obra, José Luis Díaz Rato, "pide colaboración para optimizar y rebajar 50 millones en la certificación final e la obra", aportando al tribunal un documento que lo demuestra. La UTE encargó un estudio para reducir los daños que podía provocar el oleaje a la obra en construcción, planteando un cambio en el proyecto para hacer más estable la obra y rebajar el presupuesto.

Con ese estudio, "conseguíamos reducir y hacer una obra sin tanto riesgo, más rápida, más segura y con menor presupuesto y coste", pero el Comité de Gerencia de la UTE le prohibió entregar "ese estudio preliminar" en marzo se lo presentó al Comité de Gerencia de la UTE, "que no me autoriza a presentarlo a Puerto" en las reuniones semanales de obra que mantenía con José Luis Díaz Rato. Dizy aportó al tribunal la primera nota de trabajo de las reuniones entre Díaz Rato y otros técnicos portuarios con la UTE y con la asistencia técnica contratada para supervisar la obra, documento en el que se refleja la petición de Díaz Rato de rebajar las certificaciones en 50 millones. La exgerente de la UTE fue cesada fulminantemente del cargo a los dos meses de iniciada la obra, lo que vino a Asturias a comunicarle el director de obra civil de Dragados, José María López Piñol, según ella por orden del máximo cargo de Dragados.

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