El Plan de Movilidad aspira a rebajar un 25% la polución, un 50% en La Calzada

La incorporación de medidas que permitan reducir las emisiones derivadas de la movilidad es la razón de la exigencia legal de que ayuntamientos como el de Gijón tengan la obligación de desarrollar un plan de movilidad urbana sostenible. Una exigencia que se describe en el informe de la Secretaría General de Pleno favorable al Plan de Movilidad Sostenible de Gijón 2023-2032, que afronta el último tramo para su aprobación en Pleno en medio de una batalla política a izquierda y derecha. A derecha porque lo rechazan tanto Ciudadanos como Foro, PP y Vox. Y a izquierda porque, en contra del gobierno que lidera la socialista Ana González, la ejecutiva local del PSOE no quiere la aprobación de este documento en este final de mandato.

A ese objetivo medioambiental se suman en el documento que impulsa el gobierno municipal otros objetivos que tienen que ver con la ampliación de espacios públicos para la ciudadanía en detrimento del coche y con una mejora sustancial de los niveles de seguridad en las calles de la ciudad. Todos esos retos están cuantificados. Tal y como está especificado en el estudio ambiental estratégico, el desarrollo de todas las medidas descritas en el Plan conllevaría una reducción del 25% en las emisiones atmosféricas contaminantes generadas por la movilidad respecto a las registradas en 2019.

Ese es el porcentaje general. Pero ese nivel de reducción de la contaminación se eleva a un 40% en el entorno del puerto de El Musel y la avenida Príncipe de Asturias y a un 50% en La Calzada y el Centro como zona de bajas emisiones y en Viesques, el Polígono y Moreda como barrios que tienen un tratamiento singularizado dentro del plan estratégico. La mejoría en el entorno del Musel y La Calzada está vinculada al desarrollo del vial de Jove y a la reducción de un 95% en el número de vehículos pesados que transiten por Príncipe de Asturias.

Eso en lo que tiene que ver con la contaminación atmosférica. Sobre la contaminación acústica el objetivo fijado para 2032 como año final de desarrollo del plan es haber conseguido una reducción de entre el 5 y el 10% en aquellas zonas donde se superan los 55 decibelios por culpa del tráfico.

Otro reto sustancial del Plan es trasvasar a los peatones parte del espacio que ahora ocupan los coches. En concreto la intención es que el espacio público destinado al peatón pase del 37% actual –que los redactores del documento consideran "claramente insuficiente"– a un 50% al final del proceso. Para conseguir ese 13% de estirón están pensadas todas las medidas de generación de itinerarios peatonales, que se llevan 40,5 de los 70,5 millones de euros que le costarán al Ayuntamiento el global de las medidas del Plan a lo largo de su década de vigencia.

Relacionados están los objetivos en materia de seguridad vial a los que también hace referencia el Plan. El reto a conseguir al final del proceso es reducir en un 50% el número de accidentes con lesiones graves y al 100% los accidentes con muertos.

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