El mes inhábil en la Justicia da más margen para el posible recurso

"Son cinco días de plazo para presentar el recurso de tasación, incluso podría haber cierto margen al ser agosto mes inhábil. Estamos estudiando la viabilidad del recurso; nuestra idea es poder anunciarlo cuanto antes", añade Caraduje. "Estamos tratando de encajar el fuerte golpe. Al ser agosto mes inhábil, habrá tiempo para madurar la respuesta", reconoce Manuel Junquera, abogado del vecino del Alto Aboño, preguntado sobre si acudirán al Supremo.

La sentencia de la Audiencia Nacional es fruto de una investigación penal que se inició hace ocho años para analizar presuntas irregularidades en las obras de ampliación del Musel, ejecutadas entre 2005 y 2011. El procedimiento judicial comenzó a raíz de las denuncias interpuestas por Fiscalía y OCAN en base a un informe elaborado por la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude (OLAF). El fallo es contundente y desestima todos los argumentos de la acusación, además de considerar que "no hay constancia alguna de que la actuación de los acusados o de alguno de ellos obedeciera al propósito de defraudar a un ente público. Al contrario, la prueba practicada solo indica la acción de los responsables de la Autoridad Portuaria para lleva a buen fin una obra ingente, de gran complejidad".

La resolución rechaza que hubiera irregularidades en la licitación, adjudicación y modificado de la obra y ve los problemas para explotar las canteras previstas en un principio como la causa de los sobrecostes. Los magistrados Francisco Javier Vieira Morante, María Riera Ocariz y Jesús Eduardo Gutiérrez Gómez también respaldan en el texto que el modificado y la contratación de la obra contaron con todos los informes favorables.

El juicio se celebró entre enero y junio, contra el exsecretario de Estado de Transportes, Fernando Palao Taboada; el expresidente de Puertos del Estado, Mariano Navas; el expresidente de El Musel, Fernando Menéndez Rexach y el exdirector del Puerto, José Luis Díaz Rato, además de 16 directivos de la UTE Dique Torres y de las constructoras que la conformaban. La Fiscalía pedía tres años de prisión para los excargos públicos por un delito de fraude y dos de cárcel para los directivos empresariales como cooperadores de dicho delito. Asimismo, exigía penas de inhabilitación en el caso de Rexach y Díaz Rato por un delito de prevaricación, que el OCAN hacía extensivo a Palao y Navas. A Rexach también se le acusaba de un delito de prevaricación por la expropiación del Alto de Aboño.

A raíz de la sentencia, varias voces importantes del PSOE salieron al paso para reivindicar el perjuicio político que, a sus ojos, supuso para el partido este caso. Entre ellas, la exalcaldesa Paz Fernández Felgueroso, quien declaró en el proceso como testigo y recordó que "en 2015, el PSOE no obtuvo la Alcaldía de Gijón con José María Pérez porque Mario Suárez del Fueyo (Xixón Sí Puede) dijo que no le podían apoyar porque había estado en el consejo del Musel, que por cierto sólo estuvo en el modificado". Precisamente, Pérez denunció a través de las redes sociales "un relato entorno al Puerto y no querían reconocer su error" con "graves acusaciones" durante la campaña de las municipales.

La obra de ampliación se licitó y adjudicó en 499 millones de euros. Posteriormente, en 2007, se aprobó un modificado que elevaba en 216 millones el presupuesto y ampliaba en 22 meses el plazo de ejecución previamente fijado en 46 meses. En 2012, se liquidó la obra en 708,7 millones, incluyendo sobrecostes y actualización de precios. Todas las cifras sin incluir el IVA. Además, el fallo desbloquea la demanda de 350 millones que la UTE Dique Torres pide al Puerto.

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