Absuelto el tatuador juzgado por forzar a su hijo menor a traficar con cannabis

La investigación no acreditó ninguna venta e incluyó "contradicciones" de la expareja

El padre aún se enfrenta a diez años por maltrato al menor

El juzgado, en una foto de archivo

El juzgado, en una foto de archivo

P. Palomo / I. Peláez

El tatuador acusado de vender cannabis y de utilizar a su hijo menor de edad para realizar las entregas ha sido absuelto de un delito de tráfico de drogas al considerar la jueza que no se han podido acreditar ninguna de las dos prácticas. La magistrada del Juzgado de lo Penal número tres entiende que la acusación de la Fiscalía se basaba por un lado en las declaraciones de la expareja del acusado, la cual, señala la sentencia, hace declaraciones "confusas y contradictorias" acerca de cómo y cuándo se enteró de que lo pasaba. Y por otro, de los policías que investigaron al tatuador, quienes nunca llegaron a ver ninguna transacción de droga ni que forzara al menor a hacerlo. Sospecharon de él porque a su estudio de tatuajes entraba mucha gente y permanecía poco tiempo y porque dentro olía a hachís. El caso se remonta a noviembre de 2021 y enero de 2022.

El tatuador acusado, de nacionalidad chilena, ha salvado la primera de las cinco causas que tenía abiertas y también se libra de ser expulsado del país. Se le pedía un total de 14,3 años de prisión por un delito de tráfico de drogas y en una pieza separada se le acusaba de los delitos de maltrato habitual sobre el menor (año y medio), lesiones psíquicas (tres años y medio), amenazas (dos años) y coacciones (tres años. Esta segunda pieza aún permanece abierta, pero parece poco probable que vaya a ser condenado puesto que todos esos delitos se le atribuían para obligar al niño a transportar la droga, cuestión de la que ha sido absuelto. Según el Fiscal, el crío habría recibido amenazas de muerte, golpes e insultos como "gordo" o "maricón de mierda". Esta situación le habría provocado al menor depresión, ansiedad, orinarse en la cama, trastornos de la conducta alimenticia, orinarse encima y valorar el suicidio. El padre, de la misma forma que negó lo de las drogas, niega estos cargos.

El relato ahora desmontado de la acusación se basaba en la investigación policial y en el relato de la madre. Los policías que vigilaron el estudio apreciaron afluencia de personas que permanecían "muy poco tiempo en el local" y "apreciando en ocasiones" que lo pasaba en el interior "podía concordar con una transacción de drogas". Creyeron que era una tapadera para vender drogas. Vieron que dentro se fumaba, se bebía cerveza y olía a hachís. En una ocasión pararon al tatuador en la calle y le pillaron una piedra de hachís. Se infirió que usaba al menor porque algunas veces le vieron saliendo del portal de la casa del padre y entrando con él al estudio. Ninguno de los policías manifestó ante el juez que viera ningún intercambio de drogas y solo vieron al niño tres veces durante la investigación. Dos veces le vieron bajar del portal de la casa del padre e ir al estudio junto a su progenitor y una tercera vez le encontraron acudiendo al domicilio a por un patinete y yéndose.

La otra pata de la investigación fue la declaración de la madre del niño, la expareja del acusado. Esta tuvo, según la jueza, versiones contradictorias acerca de cómo se enteró de lo que pasaba. Dijo uno vez que se había percatado porque el crío le mandó una foto de droga por el móvil y que cuando fue a denunciarlo la policía le dijo que no lo hiciera porque ya había una investigación en curso, mientras que otra vez dijo que se enteró de lo que pasaba por la propia Policía. También se mostró errática en la fecha en la que llevó al niño al psicólogo. Por otro lado, la defensa del tatuador, ejercida por la abogada Ana Gloria Rodríguez González, acreditó que llevaba tiempo dedicándose a la tinta y que lleva 18 años viviendo en España junto a su familia sin haber sido nunca detenido. Durante su detención le encontraron en casa dinero, unos nunchacos y una réplica de una pistola . También unos 38 gramos de cannabis, cantidad que la jueza entiende muy baja para ser traficante.

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