Su prohibición en las comunidades de vecinos: otra vía para poner freno a los pisos de uso turístico

El Ayuntamiento de Gijón utilizará sus competencias en materia fiscal y urbanística para poner freno a la proliferación de viviendas de uso turístico en la ciudad. Así lo anunciaban hace unos días los ediles de Urbanismo y Turismo, Jesús Martínez Salvador (Foro) y Ángela Pumariega (PP), y en esos ámbitos se comenzará a trabajar. Ahora mismo lo que ya está en marcha es una suspensión de licencias por un año que afecta al Centro, La Arena y Cimadevilla, los barrios más afectados. Todas estas iniciativas se incluyen entre las recomendaciones del estudio que sobre las VUT en Gijón realizó un equipo de la Universidad de Oviedo encabezado por el sociólogo Sergio González Begega.

Pero el estudio hace otra recomendación a las autoridades municipales: incentivar la autorregulación de ese tipo de viviendas por parte de las comunidades de vecinos. Una opción que cobra más fuerza tras las últimas sentencias del Tribunal Supremo que clarifican las limitaciones a la actividad de alojamiento turístico desarrollado sobre suelo residencial. Una de esas sentencias marcó el cese de actividad en dos viviendas turísticas del ovetense edificio de "La Jirafa" dando por buena la prohibición que la comunidad de vecinos tenía registrada en sus estatutos. El Supremo, además, deja claro que este tipo de alojamiento es una actividad económica con un componente comercial, profesional o empresarial. Usos muy distintos a los de una vivienda.

Para los firmantes del estudio estas sentencias abren la puerta a que con mayor frecuencia se incluya la cláusula de prohibición de actividades económicas en los estatutos de las comunidades que se constituyan en los edificios de obra nueva. ¿Y qué pasa con las comunidades ya formadas que quieran cambiar unos estatutos vigentes? Pues el problema es que el Supremo no interpreta en qué casos se necesita unanimidad y en cuales basta con una mayoría reforzada de tres quintas partes del total de los propietarios que, a su vez, representen las tres quintas partes de las cuotas de participación. Y no es un problema menor porque ha sido el argumento de sentencias en contra de las pretensiones de comunidades de propietarios en varios puntos de España.

Al margen de prohibir o no esa actividad, las comunidades de vecinos tienen la opción de establecer cuotas especiales de gastos o un incremento en la participación de los gastos comunes de hasta el 20% para quien dedique la vivienda a ese tipo de actividad. Aunque este tipo de ajustes en los estatutos también han generado demandas ante los tribunales.

De cara a favorecer esa participación de los vecinos en el proceso de control de las viviendas de uso turístico, incluyendo la fiscalización de las que operan desde la ilegalidad, el informe recomienda –y el equipo de gobierno ya ha mostrado su interés por desarrollarlo– crear un censo digital con todos los pisos turísticos que se comercializan en el municipio. El ejemplo está en los censos de los ayuntamientos de Barcelona y San Sebastián. La idea en Gijón es que a ese censo se pueda acceder desde la página web municipal y que incluya un canal de comunicación para que se puedan hacer denuncias desde la comunidad de propietarios ante la sospecha de que la vivienda que se alquila a turistas en su bloque no está legalizada.

San Sebastián también sirve de ejemplo para Gijón en cuanto a que su ayuntamiento se adelantó al decretar una suspensión de un año en la concesión de nuevas licencias en el marco de una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana. Una de las recomendaciones que le hacía el estudio universitario al Ayuntamiento de Gijón y que ha sido la primera en ejecutarse.

El listado de recomendaciones que se puede leer en el informe incluye otra que puede parecer menor pero también suma al objetivo final: subir la actual tasa de 250 euros que cobra el Ayuntamiento por tramitar la obligatoria comunicación ambiental. La idea es que la subida pueda ser general o estar vinculada a las características de la vivienda en cuanto a superficie, número de habitaciones o número de plazas de alojamiento. Subir la tasa es una fórmula que ya han fijado otros ayuntamientos asturianos.

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