Una empresaria gijonesa se enfrenta a más de cuatro años de cárcel por defraudar a la Seguridad Social más de 145.000 euros

La Fiscalía de Área de Gijón solicita la condena de una empresaria de Gijón acusada de defraudar a la Seguridad Social más de 145.000 euros. La vista oral está señalada mañana, 7 de febrero, en la Sección Octava de la Audiencia Provincial, con sede en Gijón, a las 10,00 horas.

 El Ministerio Fiscal sostiene que la acusada (1972), desde el 14 de agosto de 2000, venía ostentando la condición de administradora única de una sociedad mercantil, con domicilio social en Gijón, teniendo la misma como objeto social la construcción, agencia de modelos, compra y venta de textil, publicidad y explotación comercial de todo tipo de establecimientos de hostelería.

La acusada, durante los ejercicios correspondientes a los años 2017, 2018, 2019 y 2020, en perjuicio de la Tesorería General de la Seguridad Social, dejó de abonar las cuotas correspondientes. Tampoco presentó de manera regular todos los documentos de cotización de los trabajadores dados de alta ni las correspondientes cuentas en el Registro Mercantil, no habiendo comparecido a las citaciones efectuadas por la Tesorería de la Seguridad Social ni mostrado voluntad de solicitar un fraccionamiento de pago real.

La cantidad total dejada de abonar a la Seguridad Social asciende a un importe principal total de 145.036,92 euros. El perjuicio total ocasionado a la Tesorería General de la Seguridad Social asciende a 197.742,15 euros (incluyéndose los recargos e intereses).

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de fraude a la Seguridad Social. Y solicita que se condene a la acusada a 4 años y 6 meses de prisión, inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, multa de 500.000 euros con la responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada 2.000 euros impagados y pérdida de la posibilidad de obtener ayudas públicas y subvenciones y del derecho a gozar de incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante 7 años. Además, inhabilitación especial para el ejercicio del cargo de administradora de industria o comercio durante el tiempo de la condena.

En concepto de responsabilidad civil, la acusada, y como responsable civil subsidiaria la mercantil, indemnizará a la Tesorería de la Seguridad Social con 197.742,15 euros, más los intereses legales correspondientes más el abono de las costas procesales.