"En el Hospital de Cabueñes no puede haber más retrasos", avisa el gobierno local

El edil de Urbanismo exige al Principado el cumplimiento de plazos en la obra de ampliación

Jesús Martínez Salvador, portavoz del gobierno en el Ayuntamiento de Gijón.

Jesús Martínez Salvador, portavoz del gobierno en el Ayuntamiento de Gijón.

R. V.

Con un mensaje de confianza que incluía una advertencia final al Principado sobre el nivel de tolerancia de Gijón a los incumplimientos se respondió ayer desde el gobierno municipal gijonés al anuncio de un retraso en las obras de ampliación del hospital de Cabueñes, que demoran el final de la obra a mayo de 2025. "Como gobierno, no podemos si no esperar y confiar en que el proyecto no sufra más retrasos. Gijón está cansado de esperar", sentenciaba ayer el forista Jesús Martínez Salvador en su doble condición de concejal de Urbanismo y portavoz del gobierno que comparten Foro y PP.

El edil forista dejó claro que "la ampliación de Cabueñes es una obra clave para la ciudad. Siempre hemos dicho que las partidas presupuestarias deben reafirmarse cumpliendo escrupulosamente con los plazos". La ampliación del hospital de Cabueñes es una de las actuaciones más sensibles que hay en marcha en la ciudad. Y hacia ella ha mirado con especial interés el actual equipo de gobierno y su Alcaldesa. No hay que olvidar que Carmen Moriyón es cirujana y miembro de la plantilla de ese hospital. La propia Moriyón aprovechó un debate sobre salud mental en la última sesión plenaria para reivindicar que la ampliación sirviese para incorporar un servicio de psiquiatría en el centro sanitario. Algo, dijo, que ya se había comentado con las autoridades sanitarias del gobierno autonómico.

Fue la consejera de Salud, Concepción Saavedra, quien en sede parlamentaria anunciaba el martes que se había abierto un expediente contra la UTE encargada de las obras por un retraso de cuatro meses en el cronograma de ejecución. Retraso vinculado a problemas en el inicio de los trabajos. El Principado les ha ampliado el plazo de la obra por esos meses, pero penalizando económica a la adjudicataria. La unión temporal de empresas formada por FCC y Los Álamos está preparando alegaciones contra esa decisión. Fueron los adjudicatarios del proyecto con un presupuesto de 79 millones de euros y con plazo de ejecución de 29 meses tras una fallida licitación previa que quedó desierta.