El pago de una tasa municipal de 2020 lleva a la EMA a un histórico déficit de 1,5 millones

La Empresa Municipal de Aguas había sido la única sociedad del Ayuntamiento que se mantenía al margen de problemas económicas y disputas políticas. Hasta ahora. La empresa que preside el forista Jesús Martínez Salvador acaba de presentar a sus consejeros un cierre contable de 2023 con unas pérdidas de 1.537.047,26 euros. Un hecho histórico en una EMA que solo había cerrado en situación de déficit en 2021, en un escenario de covid, y por poco más de 135.000 euros.

¿Qué ha pasado entonces en 2023? Pues, aunque parezca curioso, los problemas de la empresa han venido de su propietario, el Ayuntamiento de Gijón. Dos son las cuestiones fundamentales que han descuadrado las cuentas de la EMA en la versión de sus actuales gestores. Por un lado, los 1.024.307 euros que costaron la rehabilitación del estanque de Isabel la Católica y una conducción de saneamiento en Poniente, como obras encargadas por el Ayuntamiento a la EMA pero no compensadas económicamente. Y, por otro, un recibo de 1.070.927 euros que recibió la empresa desde el Ayuntamiento el pasado mes de enero –y que tuvo que pagar el 6 de marzo para no verse obligado a sumar 100.000 euros más de recarga– que se corresponde con el pago de la tasa por utilización del dominio público para instalaciones de energía eléctrica, gas, agua e hidrocarburos del año 2020. En el caso de la EMA, por sus conducciones, que no son pocas en sus kilométricas redes de saneamiento y abastecimiento de agua.

Una «tasa municipal ocultada durante el pasado mandato», aseguró Martínez Salvador. Ese 2020 fue el primer año de entrada en vigor de esa tasa y desde la actual dirección de la EMA no se tiene conocimiento de que durante estos años le fuera reclamada desde el Ayuntamiento. El primer requerimiento llegó a principios de enero de este año, junto a un informe de una ingeniería relacionando las ocupaciones que generaban el hecho imponible. Tal y como están las cosas, eso supone que quedarían pendientes de pagar otros 3,2 millones de la suma de los ejercicios 2021, 2022 y 2023.

Hay un tercer elemento, aunque de impacto económico menor, que son los 211.123 euros que ha debido aprovisionar la EMA por el fallecimiento de un trabajador a consecuencia de la manipulación de amianto sin protección antes de 2003.

Martínez Salvador, que ayer compareció para explicar la situación de la empresa acompañado de su colega de Hacienda, María Mitre, y el director gerente de la entidad, Vidal Gago, achaca «las graves irregularidades detectadas a la gestión negligente e irresponsable del PSOE en las empresas municipales. Ya lo veníamos avisando». El forista focalizaba la culpa en la anterior edil de Hacienda, la socialista Marina Pineda, que también ocupó la presidencia de la EMA en los últimos meses del mandato.

«¿Tasa oculta cuando está incorporada a las ordenanzas fiscales aprobadas en Pleno municipal y publicadas en el BOPA? Es el actual gobierno local el que ha decidido liquidar la tasa y es el actual gobierno local el que deberá, si así lo considera oportuno, buscar las fórmulas más adecuadas para devolver a la EMA la cantidad que se haya cobrado, aplicando una exención o devolviendo el importe a través de una transferencia municipal», concretaba, sin tardar mucho, la aludida, Marina Pineda, que recordó que «el abono recíproco de tasas por parte de las empresas y organismos municipales es algo habitual y se corrige mediante las transferencias internas». Pineda critica el nuevo intento de Foro de culpabilizar al PSOE de «su propia incapacidad de gestión».

De cara al futuro, y con la formulación de las cuentas de la EMA previstas en un consejo de administración convocado para el próximo día 22, la intención del gobierno es revisar la tasa y su aplicación y, de manera más concreta, buscar el mecanismo para evitar que la empresa de aguas tenga que pagar esos tres millones correspondientes a los años 2021, 2022 y 2023. En cuanto a las obras encargadas y que no son de competencia directa de la EMA, el plan es revisar todo lo asumido desde 2020 y «de ahora en adelante, cualquier encargo se hará conforme a los estatutos», lo que supone que tenga una compensación económica.

«La EMA pierde 1,5 millones por dos acciones que no son responsabilidad de la actual gestión de la empresa», incidió Martínez Salvador. Igual que puso énfasis en explicar que sin esos dos millones de desviación por la tasa y las obras el cierre de cuentas de 2023 habría sido con un superávit de 560.000 euros.

Suscríbete para seguir leyendo