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Jaime Torner

Reformar leyes por conveniencia política

Según el Código Penal (artículos 473 y 544), la diferencia elemental entre los delitos de rebelión y sedición consiste en la existencia (o no) de violencia sobre un: "Alzamiento público que impida la aplicación de las leyes y funcionamiento de las instituciones del Estado, al margen de la Constitución". A su vez, la malversación es un delito previsto en los artículos 432-435 del Código Penal definido como: "Invertir ilícitamente fondos públicos en usos distintos de aquellos para los que se habían destinado". Actualmente, se pretende reformar (o derogar) los delitos de sedición y malversación, amparándose en criterios presuntamente ajenos a los jurídicos y en supuesto beneficio del Gobierno de turno. Me explico:

En primer lugar, el trámite parlamentario iniciado para derogar el delito de sedición y reducirlo a simple "desorden público agravado" (pretendiendo homologarlo a delitos similares de la jurisprudencia europea) puede ser cuestionado por penalistas y muchos votantes socialistas que, en lugar de tipificarlo como una violación del derecho de libre expresión, lo consideran como un medio de indefensión del Estado ante otros desafíos secesionistas.

En segundo lugar, indudablemente, esa iniciativa del Gobierno está vinculada al apoyo de independentistas catalanes (ERC, PDCat) y vascos (PNV, Bildu) para aprobar los Presupuestos Generales del Estado en el Congreso de Diputados alcanzando una mayoría de 188 votos.

En tercer lugar, otorgado el indulto a los dirigentes del "Procés", ERC también impuso la reforma del delito de malversación para recuperar su habilitación pública y acudir como héroes a las próximas elecciones municipales y autonómicas; con la intención de reincidir en otro 1-O al amparo de una Ley reformada que distingue entre: "Existir (o no) lucro personal". De hecho, esto también beneficiaría a antiguos dirigentes de la Junta de Andalucía implicados en los ERE para justificar su indulto; ignorándose así la distinción de los presuntos delitos "por acción y omisión".

Dicho lo cual, me molesta que el presidente Sánchez adopte el papel de pacificador de Cataluña; cuando, tras efectuar varias concesiones al secesionismo para garantizar su estabilidad política personal, lo único que ha fomentado es un indudable descrédito y resentimiento del resto de España contra el pueblo catalán. Personalmente, pienso que esta presunta maniobra pacificadora "insufla" al independentismo y está perjudicando a una gran mayoría catalanista, integrada por gente de bien y de "seny" que solo desea vivir en paz, aunque permanezca silenciada por rechazar la sinrazón independentista.

En definitiva, creo que reformar (derogar) leyes por conveniencia política es censurable y que la trayectoria acomodaticia de este Gobierno pasará factura en las urnas al PSOE, partido del que parece divorciarse el Presidente Sánchez en beneficio del "sanchismo".

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