Cuando los casos de corrupción política dejan de ser noticia excepcional y se convierten en habituales titulares de prensa, es que algo muy serio está pasando en nuestro país, donde hay ya casi 2.000 imputados por este tipo de delitos, y seguramente otras tantas personas de las que se sospecha que también los han cometido pero que, por astucia o por suerte, de momento están esquivando la acción de la justicia.
En uno de los momentos más difíciles para España, cuando más se precisa tener fuerza moral para gobernar, la sucesión, al parecer imparable, de los casos de corrupción esta deslegitimando muy seriamente al Gobierno del PP, porque la mayor parte de quienes han aparecido protagonizando asuntos de corrupción pertenecen a ese partido. Pero la corrupción también afecta y resta credibilidad a los demás partidos políticos, incluyendo al que en un país de la UE debería ser la alternativa política objetivamente posible: el PSOE, pues también en él han anidado los corruptos, algunos especialmente arteros, tanto que podrían fácilmente incluirse en un capítulo de la "Historia Universal de la Infamia" de Borges, al lado del espantoso redentor Lazarus Morrell.
La corrupción política (y la sindical) añadida a la ya sistémica crisis económica que deja al margen de cualquier trabajo y de los beneficios de la sociedad de bienestar a millones de españoles, sobremanera a los más jóvenes, y las cada vez más amenazadoras actividades de los separatistas catalanes pueden poner El país patas arriba, y, en todo caso, están bosquejando un futuro muy negro para el pueblo español; de forma que, si no se pone coto rápida y contundentemente a esta situación, podría llegar a visualizarse, al menos temporalmente, algo más parecido a un Estado fallido que a una democracia consolidada como Estado Social de Derecho, que es lo que nos corresponde.
Aunque esto puede parecer exagerado, conviene tener en cuenta también que es ya muy grande y muy profunda la desmoralización social, y son muy evidentes igualmente los intentos de deslegitimación de los partidos políticos democráticos, los cuales, por mandato constitucional, son pilares básicos de la democracia. Si esos pilares se rompen o se desprestigian hasta perder legitimación porque no reaccionan con rapidez y energía frente a la corrupción y los más perversos efectos de la crisis, el riesgo de que germine algo muy parecido a un Estado fallido podría llegar a ser cierto, porque la olla esta muy llena, y cada vez borbotea con mayor -sorda, ciertamente, pero muy cierta y justa- indignación, que puede favorecer cualquier desatino electoral, pues la ira raramente lleva a la gente a razonar con serenidad ni a decidir con acierto.
Por todo ello, ¿cómo no preguntarse si la abundancia de casos de corrupción significa que estamos ante un fenómeno sistémico, enraizado socialmente y en las instituciones hasta pervertir a toda la sociedad española, de forma tal que se haría precisa una verdadera revolución social para erradicarlo, o por el contrario, esas manifestaciones de corrupción son atributo personal e intransferible de los corruptos, cuyo castigo ejemplar sería el único antídoto contra la expansión de la corrupción, y la única medicina para combatir la alarma y la desmoralización social?
Ciertamente mucho tiene que ver con la corrupción la cultura, que aún esta muy viva, de exaltación del dinero por encima de cualquier principio moral o cultural, al modo de lo que, según parece, decía Zaplana -"estoy en política para forrarme"-, así como el afán de ganar políticamente como sea, estimando que en política vale todo. El amor desaforado al poder por el poder y la carencia de escrúpulos que esa pasión implica son, sin duda, un eficaz caldo de cultivo para que surja la corrupción, porque quien tiene esa pasión siempre trata de reducir al máximo y, si puede, eliminar cualquier control legal, personal o institucional.
Pero ha sido la deficiencia o insuficiencia de los controles administrativos establecidos, así como la inexistencia o la neutralización de contrapoderes eficaces y legalmente legitimados en las administraciones públicas, en los partidos políticos y en los sindicatos, lo que facilitado los fraudes y robos realizados por la red Gürtel; por los corruptos de tiempos del ladrillo y de las fraudulentas adjudicaciones de concesiones, subvenciones y empleos; también los desmanes de quienes arruinaron las cajas de ahorros españolas engatusando, además, a modestos clientes con productos financieros engañosos y, por supuesto, también lo que ha facilitado asuntos tan deplorables como los falsos ERE y los no menos engañosos cursos de formación profesional.
Nuestra garantista normativa penal y procesal ha dado facilidades para que durante largo tiempo fuera difícil coger a los corruptos, entre otras razones por la dificultad de la prueba; el corto período de prescripción que tienen los delitos relacionados con las diversas modalidades de corrupción cometidos por políticos y funcionarios en ejercicio de su cargo; por la dificultad de obtener la devolución de lo robado; por la ausencia de tipos delictivos precisos y adecuados a la realidad de la corrupción, que no permiten investigar los enriquecimientos injustificados y sospechosos, y, en definitiva, por el arcaísmo de nuestra legislación de enjuiciamiento criminal, que eterniza los procesos, favoreciendo a los corruptos que dispongan de buenos y experimentados abogados.
Aunque la sociedad española no está formada mayoritariamente por santos, pues habrá de todo, tampoco lo está por corruptos, cuyo número es absolutamente excepcional en relación con el total de la población, contrariamente a lo que ocurre en las sociedades donde la corrupción es sistémica, en las cuales hasta los policías cobran por no poner multas, y ello pese a la prevalencia de la adoración al dinero y a la minusvaloracion de modelos éticos de actuación pública. La sociedad española en su conjunto no es corrupta. Por el contrario, rechaza la corrupción con dureza, y no sólo en tiempos de crisis, aunque en el seno de ésta se haga más grande y acre el repudio. Y demuestra que la corrupción no es sistémica en España, sino estrictamente personal e intransferible de los corruptos, el hecho, indiscutible, de que junto a los dos mil políticos imputados y los, más o menos, otros dos mil sospechosos de corrupción que seguramente hay, existen muchas decenas de miles de personas de toda condición, procedencia e ideología que ocupan o han ocupado cargos públicos en España desde el inicio de la Transición, que durante sus mandatos o tiempos de estancia en la política nada que no fuera suyo se han llevado a sus casas y que por sus servicios han cobrado pura, simple y únicamente su sueldo, sin pensar jamás en detraer un duro ajeno, público o privado.
A esas decenas de miles de políticos de todas las ideologías podrá achacárseles mayor o menor formación, más o menos capacidad, inteligencia, autonomía de pensamiento y de actividad, pero se les puede pasar el algodón sin que este se manche, prueba a la que quienes no tienen pasado político institucional tendrán que someterse en su momento, y ya veremos entonces lo que pasa, y si no aparecen por allí porcentajes más o menos similares de suciedad y de limpieza a los de la actualmente llamada "casta".
Prueba también el carácter no sistémico y, por tanto, intransferiblemente personal de la corrupción el libre funcionamiento de la justicia española, que es autónoma respecto de cualquier poder del Estado y del resto de las administraciones, las cuales para nada interfieren la acción de jueces y magistrados, poniéndose con ello de manifiesto que las instituciones esenciales del país funcionan con normalidad y sujeción a la ley. Nuestra justicia será lenta, estará lastrada por procedimientos anticuados y no muy eficientes, pero en términos generales es honorable y poco a poco acaba llegando casi siempre a desvelar el meollo de la corrupción, enjuiciando y condenando a los corruptos.
Igualmente es prueba de ese carácter personal y no sistémico de la corrupción la actitud de la mayor parte de las instituciones españolas y, especialmente, de aquellos partidos políticos que, haciendo de ella el primer enemigo, han puesto de manifiesto sin tapujo alguno, con extrema rapidez y contundencia, su radical enemiga con los corruptos, sean éstos quienes fueren, y tengan la historia que tengan, de lo que es ejemplo manifiesto, y a imitar, la conducta de quienes recientemente hemos visto que han expulsando, sin contemplaciones y sin perder un minuto, a quien ha resultado sospechoso del mayor y más feo y escandaloso caso de engaño y seguramente también de corrupción de cuantos han aflorado en Asturias.
Y por último, hacen imposible que la corrupción adquiera carácter sistémico entre nosotros la pertenencia de España a la Unión Europea, donde la lucha anticorrupción es esencial, y las reacciones institucionales españolas (de la Agencia Tributaria, de la UDEF, y de la Fiscalía Anticorrupción) ante los gravísimos casos de corrupción que últimamente han salido a la luz en Cataluña, Madrid y Asturias, como consecuencia de la decisión adoptada por la Banca Suiza de poner fin a su tradicional secreto bancario respecto de cuentas que permitían esconder allí dinero de procedencia ilícita por parte de clientes políticos de profesión, cediendo con ello a la sostenida presión de las autoridades comunitarias (y las españolas son parte de ellas) y norteamericanas para acabar con ese refugio de dinero de procedencia criminal. Prueba igualmente el carácter no sistémico de esta corrupción la enemiga institucional que la misma tiene en España el favorable tratamiento que se ha dado por parte de la Fiscalía Anticorrupción española y la Agencia Tributaria a la honesta filtración de la llamada "lista Falciani", que contenía una exhaustiva relación de las cuentas corrientes en Suiza sospechosas de guardar dinero de procedencia ilícita, y de las que eran titulares políticos (y sindicalistas) españoles en ejercicio o retirados, los cuales, ante esa tesitura, constreñidos por la ineludible obligación de colocar su dinero en cuentas reconocibles y declarables, optaron por acogerse a la amnistía fiscal, en la creencia de que, obviando el delito fiscal mediante el pago a la Hacienda española del 10% del dinero aflorado, quedarían libres de cualquier otro control, pudiendo seguir figurando ante la sociedad como personas honestas, e incluso humildes, en un ejercicio sofisticado, astuto y cínico de tartufismo impostor, imposible de imaginar, y menos de desvelar, para la inmensa mayoría de quienes con ellos compartían o habían compartido experiencias políticas o sindicales, son víctimas de su engaño que no deben ser de ninguna manera confundidos con los corruptos, ni metidos en el mismo saco.
En todas las democracias del mundo, y con independencia de ideologías, hubo, hay y habrá políticos, sindicalistas y funcionarios corruptos, tartufos, impostores, cínicos y ladrones por mucho que se haga para combatirlos; porque el pus de la corrupción está en la naturaleza humana, lo mismo que la capacidad de actuar con impostura y engaño para aprovechar en beneficio propio la buena voluntad y la necesidad de la gente de creer en sus dirigentes. Pero esa corrupción, que es personal y que se debe al carácter, modo de ser, aficiones y educación del corrupto, puede y debe perseguirse sin tregua y con medios y procedimientos adecuados para obtener éxito, que si se logra refuerza siempre la moral pública y ciudadana, algo que estamos obligados a hacer de inmediato, porque la gente no aguanta más.
