El deterioro del emisario submarino de Aboño, que como publicó en su edición de ayer este periódico se conoce desde 2012 a través de inspecciones realizadas por la Empresa Municipal de Aguas y que acaba de confirmar un nuevo informe municipal, añade un dato más a la lamentable situación que sufre el saneamiento de Gijón, con una estación depuradora en la zona este de la ciudad, donde habitan 150.000 personas, paralizada por los tribunales de Justicia y responsable de una multa millonaria de Europa al Estado español, y con la otra instalación en la zona oeste, la Reguerona, que requiere de una fuerte inversión económica para adaptar sus sistemas de depuración a la nueva normativa comunitaria, que incumple.

El Ayuntamiento de Gijón ha hecho un llamamiento a la tranquilidad de los vecinos asegurando que pese a los daños detectados en el emisario, el agua sigue saliendo depurada al mar a dos kilómetros de la costa oeste. Pero es inevitable que cunda el desasosiego entre los gijoneses, a sabiendas de que los informes más recientes confirman que ha desaparecido un tramo de 155 metros de tubería. Si se reconoce que se tiene conocimiento del problema desde 2012, ¿por qué motivo no se ha acometido ya la restauración del emisario de Aboño? Es una tarea que compete al Estado, a través de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, que financió el coste de la infraestructura; al Gobierno del Principado, que cobra el canon de saneamiento, y al Ayuntamiento gijonés, que tiene la encomienda del mantenimiento de la instalación submarina.

Ha tenido que salir a la luz pública a través de los medios de comunicación el deterioro del emisario para que desde Gijón se solicite una reunión urgente de las tres administraciones implicadas para buscar una solución al problema, que es sólo la punta del iceberg de todo lo que esta ciudad tiene aún pendiente de resolver en materia de saneamiento.

La Administración estatal, la autonómica y también la municipal tienen de una vez que ponerse las pilas y resolver sin más demoras una cuestión que Europa viene denunciando con insistencia y que está costando mucho dinero a las arcas públicas, sea en sanciones económicas impuestas por los organismos comunitarios competentes o en la realización de parches que no acaban de resolver definitivamente la mala situación del saneamiento de las aguas residuales de esta ciudad. No se olvide que por la paralización judicial de la depuradora de El Pisón se están vertiendo al mar sin depurar, a través del otro emisario, el de Peñarrubia, los desechos fecales de la mitad de los habitantes de esta ciudad. El Cantábrico actúa de centrifugadora, pero ¿hasta cuándo y hasta dónde es permisible esa contaminación permanente de las aguas de parte de la bahía gijonesa?