El riesgo de enquistar el debate eólico

No suele ser buena idea ocultar los problemas bajo las alfombras. Tampoco procrastinar las decisiones polémicas para ganar tiempo esperando a que en un futuro idílico las cosas se resuelvan por sí solas. Y precisamente afrontar los problemas con datos, a las claras, sin hacerse trampas y con visión realista suele dar los mejores resultados. Pero en política es habitual que algunos debates que deberían afrontarse con honesta claridad terminen enredándose en deseos y no en realidades. Uno de los ejemplos más evidentes en Asturias ha sido el de la gestión de la basura. Cuando por criterios políticos (sin que ello suponga cuestionarlos) se descartó la construcción de una planta incineradora, se optó por una salida temporal del problema, obviando que tapar el asunto no hacía que desapareciese. Y aquí lo tenemos de vuelta.

Otro tanto puede suceder con el debate sobre la generación eléctrica. La consejera de Transición Ecológica, Nieves Roqueñí, ya había señalado en una entrevista con este periódico que era necesario evaluar la instalación de parques eólicos en otras zonas, al margen del Suroccidente, principalmente en las montañas de la zona central-sur. Y también que sería necesario elevar la potencia instalada en los parques ya existentes. Expresaba Roqueñí su convencimiento de que IU, socio en el Gobierno con el PSOE, compartiría "la necesidad de atender la emergencia climática, desterrar en lo posible los combustibles fósiles y que la energía ha de proceder de fuentes verdes". Mantenía, además, que era necesario "compatibilizar" ese planteamiento "con la defensa del medio ambiente" y la existencia de "compensaciones al territorio" donde se estableciesen parques eólicos.

La repetición de ese argumento por parte de Roqueñí en la Junta General ha desatado las críticas de Izquierda Unida. No es un mero debate declarativo, porque IU tiene el control de la consejería con las competencias en Ordenación del Territorio, por lo que la coalición resulta decisiva en ese asunto.

No es algo menor, ni que convenga enquistar en disquisiciones inútiles. La capacidad de generación de energía de un territorio está directamente relacionada con su competitividad económica y su capacidad para atraer industria. Y más en el nuevo paradigma energético, en el que incluso para algunas actividades resultará interesante tener sus propios métodos de generación y así evitar depender de un inestable mercado eléctrico. Las fuentes renovables no solo son relevantes por la reducción de emisiones de dióxido de carbono, sino también porque permiten estabilizar los precios energéticos.

Estamos viendo estos meses cómo el gran proyecto de inversión verde de Arcelor se encuentra pendiente de un hilo precisamente por los costes energéticos (no solo de la electricidad, sino también del hidrógeno) y únicamente contar con un elevado porcentaje de producción verde estabilizará esos costes, una vez que España ha descartado mantener viva la actividad nuclear.

La potencia eléctrica total instalada en Asturias se sitúa ahora en 3.822 megavatios, una cifra que apenas se ha recuperado desde que la capacidad energética del Principado cayese en unos 700 megavatios en 2021 (por el cierre de las térmicas). Tenemos 1.000 megavatios menos de los instalados en el año 2011. La generación neta se encuentra en los 12.372 gigavatios hora de 2022, tres cuartas partes de la cifra de 2015.

El gobierno regional se fijó en su día como objetivo que en 2030 el 72% de la energía consumida en Asturias provenga de instalaciones verdes, pero estamos bastante lejos de ese objetivo. En 2022, el carbón y el ciclo combinado representaron casi el 75% del mix energético. La energía eólica, aunque aumentó su producción representó el 11,5% del total, mientras que la hidráulica se limitó al 7,2% tras caer casi a la mitad por la falta de lluvias en 2021.

Con todo esto sobre la mesa, el peor escenario posible sería que Asturias repitiese un debate mimético al que se produjo con la gestión de las basuras. Es decir, una discusión sobre propósitos y anhelos en vez de sobre realidades. Y para que esto no suceda habrá que evaluar claramente las necesidades energéticas de Asturias si queremos que la comunidad autónoma siga siendo competitiva, teniendo en cuenta la tendencia de aumento de consumo que se producirá no solo en la industria sino también en los transportes y el ámbito doméstico. Y una vez que esté claro qué necesitamos, ordenarlo como mejor convenga, con criterios racionales y ambientales, pero siendo conscientes de lo importante, sin esperar a que en un futuro próximo la humanidad encuentre la piedra filosofal de la energía o la tecnología de fusión nuclear termine por resultar viable.

El mayor riesgo es que se desate una guerra de trinchera dentro de la propia administración autonómica asturiana, con batallas entre consejerías. Galicia alberga en su territorio 183 parques eólicos, con una potencia total instalada de 3.907 megavatios, lo que representa el 13% del total nacional, seis veces más que Asturias. Y tiene sobre la mesa proyectos para duplicar esa cifra. Con todo, la consultora Deloitte advirtió recientemente que las paralizaciones judiciales "están poniendo en riesgo muchos de esos proyectos y gran parte del desarrollo energético e industrial de Galicia".

Conociendo cómo nos las gastamos, lo más probable es que esto termine con el encargo de un estudio y ya veremos dentro de cinco años. Y entonces nos tiremos de los pelos por nuestra enorme capacidad para no resolver nada cuando había tiempo para ello.

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