Ayer, en pleno debate con un muy buen amigo, este me preguntó que porqué siempre estaba clamando por más apoyo a la Justicia. La cuestión es muy sencilla. Soy abogado y por eso también me interesa. Pero mi reflexión va sobre lo que es un Estado democrático por definición, sobre lo que significa la libertad, y cómo se garantiza. Sobre la educación, cómo protegerla y potenciarla. Sobre la sanidad, y cómo proporcionarle medios. Sobre la cultura, o sobre la investigación. Sobre todo lo que sea necesario, en resumen.
Y eso solo se consigue de una manera: teniendo confianza en la Justicia de un país. En que sus tribunales tengan una aceptación por la mayoría de sus habitantes como un mal necesario pero justo, que dé respuestas más o menos rápidas a las demandas de cada uno, o de colectivos, o cualquier cuestión que exceda del acuerdo entre personas.
Imaginemos una justicia ágil, eficaz, asertiva, seria y cercana al justiciable. Pero de verdad. Unos procedimientos penales que no duren más que la prisión preventiva de los detenidos, que no se basen en clichés predeterminados, que destinen recursos a la policía para esclarecer presuntos delitos y que se les dote de medios para investigar.
O los procedimientos civiles, con una duración admisible. Recientemente he tenido una liquidación de gananciales donde el esposo se deshizo en junio de 2005 de un piso con su segunda esposa, adjudicándoselo a ella, para evitar el posible embargo de su parte de gananciales por la liquidación del anterior matrimonio. Y lo hizo apenas dos días después de celebrado el inventario para la liquidación. Una insolvencia punible, o un alzamiento de bienes (no soy penalista) como una casa de grande. Pues bien, la lentitud del juzgado de familia nº 7 de Oviedo fue tan escandalosa que cuando se pudo iniciar el embargo de los bienes gananciales del deudor fue en 2013, y en ese momento alegó el moroso que dicho piso había sido objeto de liquidación de gananciales y adjudicado a la nueva esposa, prescrito ya el posible delito y desamparando a la acreedora. Y es sólo un ejemplo.
Sería de aplaudir las formas de funcionamiento del orden Contencioso-Administrativo tanto en los juzgados como en la Sala de los Tribunales Superiores de Justicia, más en los primeros. O la Audiencia Nacional en materia Contenciosa. No el Supremo, del que los abogados solo podemos quejarnos. Y no digamos borrar el carácter de órgano político del Tribunal Constitucional, más que de garante de los valores de la norma básica. O la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, tan mediatizado por la clase política.
Imaginemos que tal clase de Justicia, o de sistema que tiende hacia ella, es la que existe en nuestro país. La sociedad vería el acceso a los juzgados como un último remedio para ver defendidos sus intereses. Desagradable, por supuesto; Incierto, en la medida que la subjetividad también influye en nuestras decisiones; pero justo.
La idea de impunidad que para algunos impera hoy en día no desaparecería, pero sería minimizada hasta el punto de que no sería motivo de preocupación. Quien acuda a un banco, sabrá que será atendido con honestidad dentro de las prebendas que el poder financiero tiene, porque en caso de abuso, la Justicia actuará inmisericorde. Y el bancario ejercerá su profesión con más gusto y esfuerzo, sin tener que combatir la imagen de empleado al servicio de oligarcas que sólo buscan enriquecerse. Y así en todos los órdenes. Y no sólo en eso. También en los valores que tiene la sociedad. Una sociedad justa respeta al prójimo, ensalza los verdaderos méritos sin dar pábulo a comediantes, oportunistas o princesas del pueblo que vulgarizan el panorama y empobrecen la visión de los jóvenes.
Y para eso la Justicia tiene que tener medios. Como se disponen para la educación o para la sanidad, el ejército, la policía o el Senado. Y el Estado procurárselos. Y procurar más jueces. Y que los funcionarios sean más asertivos y más personas, porque sólo se unen para pedir soluciones a agravios comparativos. Pero la Justicia es el patito feo de la política. Nadie quiere modernizarla, sino levemente y de soslayo. Nadie quiere que sea justa, porque no conviene, y lamentablemente, ya vemos los resultados con los políticos.
Si no tienes un sistema eficaz de Justicia, los derechos, las mejoras sociales, las libertades de todos, incluso las de quienes no las quieren para los demás, se convierten en papel mojado. En resumen: si una sociedad quiere presumir de ser democrática lo primero que tiene que tener es Justicia. Con mayúsculas.
